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Lo que debes saber:

Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general y disciplinario.

El Derecho Tk 20 febrero, 2013 Administrativo, Consejo de Estado, Constitucional, Corte Constitucional, Disciplinario Comentarios desactivados

Siendo la acción de tutela un mecanismo de protección constitucional que por virtud del artículo 86 protege los derechos fundamentales de las personas, ante la posibilidad de que estos se vean afectados por actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares, tal acción constitucional se caracteriza por ser residual y subsidiaria y cumple con el fin de garantizar  la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no se cuenta con otra vía judicial de protección, o cuando existiendo ésta, se acuda a ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Visto lo anterior, se pasará a estudiar el perjuicio irremediable en sede de la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuanta que aun frente a la posibilidad de optar por la vía ordinaria, quien solicite el amparo de sus derechos fundamentales a través de la tutela, lo puede hacer como mecanismo transitorio, evento en el cual tendrá que demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable[1], el cual se estudiara en las siguientes líneas donde se analizará tal figura en razón a la procedencia de la acción de tutea contra actos administrativos.

1. EXISTENCIA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE.

Características del perjuicio irremediable.

a)   por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;

b)   por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad;

c)    porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes y

d)   porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad[2].

Por lo tanto, cuando en el caso concreto se evidencie que se está ante la amenaza de un perjuicio irremediable, que por supuesto traiga como consecuencia la vulneración de un derecho fundamental, la acción de tutela es procedente contra un acto administrativo de carácter particular, aun cuando el interesado tenga a su disposición otros medios de defensa y pueda acudir a la jurisdicción contencioso administrativa[3].

2.    Procedencia de la tutela frente a actos administrativos en general[4].

Con fundamento a la regla del perjuicio irremediable la jurisprudencia constitucional ha estimado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra actos administrativos de contenido particular y concreto, toda vez que para controvertirlos judicialmente existe en el ordenamiento jurídico la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca[5]. En ese mismo sentido la Corte también ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela contra estos actos cuando ellos vulneran derechos fundamentales y existe peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, como ya se dijo, de tal manera que se haga necesaria una protección urgente de los mismos. Así lo señalado en la Sentencia T-514 de 2003 en la que manifestó lo siguiente:

“la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

 3.    PROCEDENCIA DE LA TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONTIENEN SANCIÓN DISCIPLINARIA

La Corte Constitucional en cuanto a la aplicación de la acción de tutela en los actos administrativos que contienen sanción disciplinaria ha sostenido que:

“Eventualmente la tutela sería procedente, si ésta tuviera como objeto evitar un perjuicio irremediable al actor. La sanción disciplinaria no puede considerarse, en sí misma, como un perjuicio irremediable. De lo contrario, se estaría aceptando que todas las sanciones disciplinarias podrían ser objeto de la acción de tutela, con lo cual la justicia constitucional usurparía la función de la jurisdicción contencioso administrativa de revisar los actos administrativos de orden disciplinario.”[6]

En ese mismo sentido la sentencia T-171 de 2011 expresa:

“En aquellos eventos en que la acción de tutela se instaura en contra de un acto administrativo que contiene una sanción disciplinaria por violación del debido proceso, el criterio utilizado por la Corte para decidir la procedencia de la tutela no obstante la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo judicial principal para la defensa de los derechos fundamentales del actor, ha sido el de determinar si existe o no un perjuicio irremediable con el fin de adelantar el trámite como un mecanismo transitorio mientras que se deciden los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”

4.    La procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

También el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este punto, concretamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2° Subsección, “B”, manifestó en uno de sus apartes[7].

“De conformidad con el artículo 6° del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial.

“En el presente caso, estamos frente a la existencia de actos administrativos por medio de los cuales se le impuso la sanción al actor, los cuales son susceptibles de las acciones contenciosas pertinentes, lo cual hace improcedente la acción.

 “En efecto, los hechos aquí señalados, bien puede alegarlos ante la jurisdicción contenciosa, como lo señala el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, pues la acción de tutela tiene un carácter eminentemente residual y subsidiario, solo procede ante la inexistencia de otros mecanismos judiciales a no ser que se observe un perjuicio irremediable, que en este caso no se da, porque si se dan los presupuestos para la declaración de nulidad de los actos, las cosas vuelven al estado en que se encontraban y el monto cancelado por concepto de sanción, debe ser reintegrado al actor.”

VER SENTENCIA.

SEGUIMIENTO.

Information! Sentencia T-391/10 improcedencia contra actos administrativos que contienen sanciones disciplinarias 

Information! Sentencia T-275/12 prueba del perjuicio irremediable y la vía de hecho administrativa

 

 By:anfequisa


[1][1] Sentencia T- 717 de 2012

[2] Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, SU-544 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-983 de 2001, MP: Álvaro Tafur Galvis, entre otras.

[3] Op. Cit.

[4] Ver en este aspecto de la improcedencia de los actos administrativos de carácter general la sentencia T-1073/07

[5] ver Sentencia T-016 de 2008. T-086 de 2011 y T- 004 de 2011

[6]Sentencia  T- 451 de 2010 Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, ver también sentencia T-629 de 2009

[7] Sentencia del 4 de septiembre de 2003, proceso AC-1355, actor Cesar Augusto Rodríguez Ángel. Citado en la sentencia T-451/10

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