Lo que debes saber:

Algunas consideraciones acerca de la exclusion de la responsabilidad objetiva en los procesos de transito.

acceso_contenido_2Definición de la responsabilidad objetiva.

Por vía doctrinal, ALESSANDRI en su obra explica en forma muy clara la característica principal de la responsabilidad objetiva. Afirma, en efecto, que “La responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para que su autor sea responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya habido o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad[1]

En ese sentido, es posible afirmar que la responsabilidad objetiva se encuentra en el hecho que produjo el resultado dañoso, el mero hecho, sin importar si este fue cometido con culpa o dolo, ingredientes normativos de carácter subjetivo que por demás son constitutivos del juicio de reproche, que para el caso que nos convoca está dado por la exclusión de responsabilidad del propietario del vehículo cuando el hecho generador de una sanción de transito es llevada a cabo por una persona distinta al propietario del mismo.

1.    El tratamiento de la responsabilidad objetiva en los procesos de tránsito en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

1.1.        En la sentencia C-530 de 2003

La proscripción de la responsabilidad objetiva en las actuaciones adelantadas por las autoridades de tránsito, fue objeto de análisis por la Corte en la Sentencia C-530 de  2003, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 129 de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, que preveía la imposición de la sanción al propietario del vehículo, cuando no era posible identificar al infractor y aquél no hacía presencia en el proceso administrativo dentro del plazo señalado.

En el citado fallo, la Corte analizó si con la sola notificación del comparendo al dueño del vehículo, era legítimo desde el punto de vista constitucional, que se impusiera a este la sanción del comparendo por infracciones de tránsito. En este punto, la Corte concluyó que no era posible atribuir al dueño del vehículo ningún tipo de responsabilidad objetiva, la cual se encuentra excluida por los principios y derechos sentados por la Constitución de 1991, sin que el dueño del vehículo hubiera realizado la actuación infractora o cometido la infracción de manera directa, pues  según se tiene prescrito en la legislación, la finalidad de la notificación es precisamente permitirle al dueño del vehículo intervenir dentro del proceso administrativo y ejercer su legítimo derecho de defensa precepto contenido en el derecho primario del debido proceso. Adicionalmente, la máxima censora de la constitución estima que la responsabilidad objetiva permite que las autoridades administrativas evadieran su responsabilidad de identificar y notificar al verdadero infractor.[2]

De la misma manera y en sede de análisis le correspondió a la Corte establecer si con la notificación era posible atribuirle al propietario del vehículo, directamente y en cualquier caso, la responsabilidad por infracciones de tránsito. Al respecto, sostuvo la Corporación que el propósito de la notificación debe ser el de permitirle al dueño del vehículo concurrir al proceso y tomar las medidas pertinentes para aclarar su situación, no siendo posible atribuirle a éste algún tipo de responsabilidad directa, a pesar de no haber tenido participación en la infracción. A juicio de la corporación, la responsabilidad automática del propietario no sólo permite a las autoridades evadir su obligación de identificar y notificar al verdadero infractor, sino que además conllevaría una forma de responsabilidad objetiva prohibida por la Constitución en materia sancionatoria como ya se dijo apartados atrás, por ver inmiscuidos en su aplicación la vulneración de derechos fundamentarles como el debido proceso que por demás son de raigambre constitucional. En relación con este tema, destacó la Corte en el mencionado fallo:

“(…)

“Aunque del texto del artículo 129 de la ley acusada no se sigue directamente la responsabilidad del propietario, pues éste será notificado de la infracción de tránsito sólo si no es posible identificar o notificar al conductor, podría pensarse que dicha notificación hace responsable automáticamente al dueño del vehículo. Pero cabe anotar que la notificación busca que el propietario del vehículo se defienda en el proceso y pueda tomar las medidas pertinentes para aclarar la situación. Con todo, esta situación no podrá presentarse a menos que las autoridades hayan intentado, por todos los medios posibles, identificar y notificar al conductor, pues lo contrario implicaría no sólo permitir que las autoridades evadan su obligación de identificar al real infractor, sino que haría responsable al propietario, a pesar de que no haya tenido ninguna participación en la infracción. Ello implicaría la aplicación de una forma de responsabilidad objetiva que, en el derecho sancionatorio está proscrita por nuestra Constitución (CP art. 29)…” subrayas fuera del texto.

Así las cosas, de interpretarse la norma bajo estudio, en el sentido de que la notificación hace responsable automáticamente al dueño del vehículo, la misma conllevaría una clara y manifiesta violación del derecho fundamental al debido proceso, pues no estaría asegurando su participación en la actuación administrativa ni tampoco el ejercicio de las garantías mínimas que se derivan del citado derecho. En particular, se desconocería aquella garantía surgida del principio de legalidad, que exige que la atribución de responsabilidad sea el resultado de una conducta personal debidamente acreditada en el proceso con la aplicación de las garantías propias para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, previamente establecida en la ley como delito o contravención. El precitado  principio se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, al disponer éste que “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”; mandato cuya aplicación se proyecta sobre todos los campos del derecho sancionador dentro del que por supuesto se encuentra inmerso el del presente estudio.

1.2.        En la sentencia C-980 de 2010

 Empero, la Corte Constitucional en sentencia C-980 de 2010[3] -, al analizar la expresión “(…)quien estará obligado al pago de la multa”, prevista en el inciso quinto del artículo 22 de la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”, en donde se le atribuye al propietario del vehículo la obligación de pagar la multa, la Corte encontró que una interpretación de esta norma en el sentido de que la sola notificación hace al propietario del vehículo automáticamente responsable de la multa, consagraría una forma de responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita por la Constitución Política en materia de derecho sancionatorio como ya se dijo, y por la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, por cuanto se trataría de una sanción para el propietario del vehículo por el solo hecho de serlo, sin que sea el verdadero infractor y sin las garantías propias del debido proceso.

Por lo anterior, reiteró la Corte la obligación de garantizarle a todos los administrados el derecho al debido proceso administrativo con todas las garantías que le son inherentes, especialmente cuando se trata de derecho sancionador, y aclaró que la interpretación correcta de la norma, es aquella  que este conforme al debido proceso administrativo  consagrado en el artículo 29 Superior, que garantiza el derecho de intervenir en el proceso administrativo, de ejercer el derecho de defensa, y el principio de legalidad.[4]

 Teniendo en cuenta lo anterior, evidenció la Sala que la norma acusada debe interpretarse de conformidad con el artículo 29 Superior, y de manera sistemática con la regla general contenida en el parágrafo 1º del artículo 129 de la Ley 769 de 2002, que de ningún modo fue modificada por la Ley 1383 de 2010, y en cuya norma se establece claramente que las multas no serán impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción[5], se resalta.  En este sentido, es claro que la interpretación normativa debe necesariamente realizarse de manera sistemática, esto es, de manera coherente y armónica con los restantes preceptos del cuerpo normativo del cual hacen parte, a fin de que se evidencie la unidad lógico jurídica de la ley y facilitar de esta manera la interpretación teleológica de la misma, pues como se dice en el argot constitucional, la interpretación de las normas no se debe hacer in limine sino de acuerdo a los demás preceptos normativos que regulan la materia y el espíritu mismo de la ley.

 Colofón la corte es precisa en afirmar que la interpretación de la expresión demandada, sistemática y constitucionalmente correcta, es que se entienda que el propietario del vehículo automotor sólo estará obligado a pagar la multa si se logra establecer, con respeto del debido proceso y de todas las garantías que le son inherentes, que fue él quien cometió la infracción, aspecto este en el que naturalmente se colige la carga de la prueba en la autoridad estatal emisora de la sanción.

1.3.        Casos excepcionales en los que es posible la aplicación de la responsabilidad objetiva.

 Es de aclarar, que no obstante que el principio general es la exigencia del debido proceso administrativo y la exclusión de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria administrativa, la Corte Constitucional por vía de la jurisprudencia ha precisado que estos principios presentan algunas atenuaciones y flexibilizaciones, así como algunas excepciones muy restringidas y precisas respecto de la exclusión de la responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador.[6]

 En tal sentido, ha explicado la Corte, que por tanto en materia del derecho administrativo sancionador se presenta el fenómeno de la atenuación de la presunción de inocencia, así como del principio de tipicidad, pudiendo establecerse excepcionalmente la responsabilidad objetiva.[7]

 En consecuencia, la corporación constitucional ha avalado de manera excepcional la constitucionalidad de la responsabilidad objetiva en algunos campos del derecho administrativo sancionador, advirtiendo sin embargo que debe examinarse la aplicación de este régimen en cada caso particular, y que debe rodearse al sujeto de esta acción de todas las garantías procesales constitucionales. A este respecto ha dicho la Corte:

 “(…)

 La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de sanciones administrativas ha aceptado sólo de manera excepcional, atendiendo a las especificidades de cada caso, la constitucionalidad de la responsabilidad objetiva.

La Corte ha admitido, de manera excepcional […] la responsabilidad objetiva en algunos campos del derecho administrativo sancionador, cuya exequibilidad debe ser objeto de estudio por parte de esta Corporación en cada caso de acuerdo con las características propias de la norma que se juzga.

 En algunas ocasiones la Corte ha declarado la exequibilidad de normas en las que se prevén sanciones administrativas por responsabilidad objetiva sin hacer explícito el análisis sobre las fuentes subjetivas y objetivas de dicha responsabilidad. También ha declarado la exequibilidad de normas que parecerían permitir la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva sin que la Corte haya negado dicho tipo de responsabilidad ni condicionado su aplicación a la previa determinación de culpabilidad del investigado.[8]

 (…)”

 En razón a lo expuesto se vislumbra una marcada tendencia por vía de la jurisprudencia constitucional para a referenciar casos en los cuales se ha estimado la procedencia excepcional de la responsabilidad objetiva en casos específicos como se pasa a referenciar a continuación.

 1.4.        Procedencia de la responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador.

 La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha señalado que la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva, se ajusta a la Constitución, si y solo si, la sanción administrativa cumple con las siguientes exigencias: (i) que se trate de un tipo de sanción que no afecte de manera específica el ejercicio de derechos fundamentales, ni afecten de manera directa o indirecta a terceros; (ii) que la sanción tenga un carácter meramente monetario; y (iii) que se trate de sanciones de menor entidad[9].

 Así mismo la Corte A este respecto la Corte ha señalado:

 “(… )

 que la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva se ajusta a la Constitución en la medida que “(i) carezcan de la naturaleza de sanciones que la doctrina[10] llama ‘rescisorias’, es decir, de sanciones que comprometen de manera específica el ejercicio de derechos y afectan de manera directa o indirecta a terceros; (ii) tengan un carácter meramente monetario; y (iii) sean de menor entidad en términos absolutos o en términos relativos (tal como sucede en el régimen cambiario donde la sanción corresponde a un porcentaje del monto de la infracción o en el caso del decomiso en el que la afectación se limita exclusivamente a la propiedad sobre el bien cuya permanencia en el territorio es contraria a las normas aduaneras).”[11]

(…)”

 En síntesis, no ha sido extraño a la jurisprudencia constitucional el reconocimiento de algunas excepciones muy concretas y limitadas al principio de exclusión de la responsabilidad objetiva, así como el establecimiento de presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba en el derecho administrativo sancionador, las cuales en principio no comprometen el debido proceso y particularmente el principio de presunción de inocencia (artículo 29 superior), en la medida que se ajusten a las exigencias constitucionales que la misma jurisprudencia ha plasmado en donde por demás se destaca el incólume complimiento del debido proceso en todas las actuaciones administrativas, dentro de estas las de tránsito.

 Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, relativas al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, a la jurisprudencia de la Corte en relación con disposiciones de tránsito contenidas en la Ley 1383 de 2010 y a la jurisprudencia de la misma Corte constitucional relativa a las restricciones y sanciones por infracciones de normas de tránsito contenidas en el Código Nacional de tránsito, los procedimientos y procesos administrativos para imponerlas y la exclusión de la responsabilidad objetiva en esta materia, es claro que deben atender los postulados del debido proceso en todas sus etapas, pues su no acatamiento daría pie para que se conculque un derecho fundamental, hecho este que per se hace procedente al acción pública de tutela.

 By: anfequisa, imagen via: F3.bp.blogspot.com

 


[1] ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el  derecho civil. Santiago de Chile: Imprenta Universal, 1981.

[2] Frente a este aspecto ver sentencia C-530 de 2003 del tres (03) de julio de dos mil tres (2003) Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett, reiterado en la sentencia C-980 de 2010.

[3]M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[4] CORTE CONSTITUCIONAL  Sentencia del primero (1°) de diciembre de dos mil diez (2010) Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  (C-980/10)

[5]Ibídem

[6] Ver por ejemplo la Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en donde la Corte analiza las sanciones en materia ambiental,

[7] Ver Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Ver también la Sentencia C-616 de 2002.

[8] CORTE CONSTITUCIONAL sentencia del dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011)   Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva (Sentencia C-089 de 2011)

[9] ibídem

[10] SANTAMARÍA. Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo, volumen II. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, 2001, segunda edición, pág. 397.

[11] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del seis (6) de agosto de dos mil dos (2002), Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa (C-616 de 2002)

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