Lo que debes saber:

Aplicación de sanción disciplinaria a servidor público con fuero requiere de aprobación judicial

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 30 de octubre de 2013 rendido al Ministerio del Trabajo, cartera que preguntó acerca de: ¿Resulta legítimo y ajustado al ordenamiento jurídico que la administración ejecute una sanción disciplinaria de destitución impuesta por la Procuraduría General de la Nación o por una Oficina de Control Interno Disciplinario a un servidor público amparado por fuero sindical, sin obtener autorización para despedirlo por parte de la jurisdicción ordinaria?

Frente a este interrogante, la Sala consideró que la respuesta debe ser negativa. pues el fuero sindical constituye una garantía de naturaleza constitucional que, en aras de proteger el derecho de asociación y el ejercicio de la actividad sindical, otorga a quien goza de dicha garantía el derecho de no ser despedido, desmejorado en sus condiciones laborales, o trasladado a otro sitio o lugar de trabajo, sin que exista justa causa comprobada, la cual debe ser calificada previamente por el juez laboral.

Bajo este contexto, y en el caso particular de los servidores públicos, la Sala tuvo la oportunidad de conceptuar que era necesario para materializar el mandato del artículo 39 de la Constitución Política, cumplir con los requisitos y el procedimiento señalado en la ley cuando se trate de ejecutar sanciones disciplinarias sobre servidores públicos amparados por el fuero sindical. En este sentido, la Sala indicó:

En derecho administrativo se tiene que mientras no exista decisión judicial que suspenda o anule las decisiones definitivas por medio de las cuales se concluyeron sendos procesos disciplinarios, los actos por medio de los cuales se impusieron las correspondientes sanciones, gozan de plena validez y deben ser ejecutados por la autoridad competente.

Sin embargo, en tratándose de servidores públicos amparados por fuero sindical, la expedición de los actos administrativos de ejecución se condiciona al cumplimiento de los trámites judiciales que la ley (artículos 113 y siguientes del Código Procesal del Trabajo) consagra para efectos de obtener permiso para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, ello con el fin de otorgar plena eficacia a la protección especial consagrada por el Artículo 39 de la Carta y desarrollada por los artículos 405 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo.

Si bien es cierto que los actos administrativos por medio de los cuales se ejecutaron las sanciones  impuestas como resultado del correspondiente proceso disciplinario están amparados por la presunción de legalidad, también lo es que el propio Ministerio de la Protección Social, órgano que por naturaleza tiene la función de vigilar  el cumplimiento de los derechos y garantías laborales, ignoró que la efectividad de la garantía constitucional y legal del fuero sindical, exige que antes de proceder a la expedición de los actos administrativos de ejecución de las sanciones disciplinarias, se debe  obtener del juez laboral competente la calificación judicial de la justa causa a fin de proceder a la desvinculación del servidor en forma legal[1] (Subraya y negrillas fuera del texto).

No puede olvidarse que el desconocimiento de las prerrogativas que otorga el fuero sindical a quienes de él disfrutan, conlleva una violación de la Constitución Nacional, particularmente de los derechos de asociación sindical, libertad sindical, debido proceso y fuero sindical. En otras palabras, terminar la relación laboral del trabajador amparado por el mencionado fuero sin obtener previamente la correspondiente autorización judicial, implica un desconocimiento de la Carta Política y los derechos mencionados. De allí que la jurisprudencia haya señalado:

En principio, quebranta el ordenamiento constitucional el empleador que, sin contar con previa autorización judicial de por terminada la relación laboral al trabajador que se encuentre protegido  por fuero sindical. Quiere decir que, salvo circunstancias que lo justifiquen, los trabajadores aforados no podrán ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones laborales sin autorización judicial, puesto que para ellos no opera la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa y ésta requiere calificación judicial previa”[2].

Por lo tanto, se concluye que es necesario obtener la autorización del juez laboral competente para despedir a un empleado sujeto a la garantía constitucional del fuero sindical; salvo algunas excepciones expresamente señaladas en la ley, tal como ocurre con el artículo 411 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 24 del decreto 760 de 2005, dentro de las cuales no se consagra  la existencia de una decisión disciplinaria proferida por la Procuraduría General de la Nación o de una Oficina de Control Interno Disciplinario.

De otra parte, tampoco puede pensarse que una decisión proferida por estas entidades se enmarca dentro de la expresión “sentencia de autoridad competente” que incorpora el artículo 411 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, las decisiones en materia disciplinaria proferidas por la Procuraduría General de la Nación y las Oficinas de Control Interno Disciplinario, no corresponden a sentencias sino a actos administrativos fruto del ejercicio de una función administrativa y no judicial.

Igualmente, la interpretación que la doctrina le ha dado a la expresión “sentencia” en el contexto del mencionado artículo 411, ha sido la de concebirla como una decisión de carácter judicial. De allí que se haya señalado:

“Con mucha más propiedad se puede hablar de la terminación del contrato cuando ha mediado sentencia. Toda sentencia es consecuencia de un accionar judicial por quien tiene en sus manos poner en movimiento el aparato estatal, y si en disposición del aforamiento hay que recurrir al juez en procura de una terminación contractual, por obvias razones ello no será necesario en los casos que aquel hecho ya hubiere existido”[3].

En la misma dirección se indicó:

“En cuanto a la terminación del contrato “por sentencia de autoridad competente”, es obvio que la autorización especial no se requiera. En efecto, dicha sentencia debe haber tenido normalmente origen en una acción judicial previa…”[4].

Es razonable considerar que la expresión “sentencia de autoridad competente” contenida en el artículo 411 hace referencia a decisiones judiciales, pues el concepto de “sentencia” es alusivo a una providencia que se expide en desarrollo de una función judicial[5].

En conclusión, como la garantía constitucional del fuero sindical impone la obligación de acudir ante el juez laboral para que este califique la justa causa y autorice el despido del empleado aforado, y no existe norma que excluya el cumplimiento de esta obligación cuando se trate de una decisión disciplinaria proferida por la Procuraduría General de la Nación o una Oficina de Control Interno Disciplinario, es necesario que la administración obtenga la autorización del juez laboral para desvincular al servidor público y de esta forma ejecutar la sanción disciplinaria de destitución. De otra forma, se estaría violando la Constitución Nacional y particularmente, los derechos fundamentales de asociación sindical, libertad sindical, debido proceso y fuero sindical del empleado. En este sentido se dará respuesta a la primera pregunta.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. CONSEJERO PONENTE: WILLIAM ZAMBRANO CETINA. BOGOTÁ D.C.,  TREINTA (30) DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE (2013).RADICACIÓN NUMERO: 11001 03 06 000 2013 00400 00 (2163)

By: anfequisa. imagen via:Libertad Bajo Palabra

[1] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta del 27 de octubre de 2006, Radicación número: 11001-03-06-000-2006-00112-00(1787).

[2] Corte Constitucional. Sentencia del 7 de diciembre de 2006, T-1046/06.

[3] Silvio Escudero Castro, Curso de Derecho Colectivo del Trabajo, Ediciones Librería del Profesional, 3ª. edición, 2001, p. 99.

[4] Guillermo González Charry, Derecho Colectivo del Trabajo. Ediciones Rosaristas, 1978, p. 398.

[5] Por sentencia se ha entendido: “el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción, de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito o fondo del demandado”. Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, 15ª edición, Editorial Temis S.A., Pontificia Universidad Javeriana, 2012, p. 411. De igual forma, el artículo 278 de la ley 1564 de 2012, señala: “Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias”.

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