Lo que debes saber:

Aspectos jurisprudenciales acerca de la renuncia de servidores públicos.

Tal y como se asumiera en anteriores post, la figura jurídica de la renuncia ha sido asumida por jurisprudencia desde distintas y disimiles apartes, ello derivado se usos basados en la costumbre que en un muchos casos afectan derechos fundamentales como ocurre en el caso puesto a consideración en la sentencia que se estudia, misma en la que se asume el caso de una servidora pública que en el acto de renuncia pone de manifiesto circunstancias que pueden ser entendidas como de acoso laboral razón por la que el empleador no aceptó la renuncia.

Definición de renuncia.

La renuncia ha sido concebida como el acto en virtud del cual una persona hace manifiesta, de manera escrita, su voluntad espontánea, consciente e inequívoca de separarse de la labor que desempeña y cesar en el ejercicio del cargo que le había sido encomendado. En ese sentido, se tiene que, de conformidad con la normatividad aplicable, la renuncia es un acto formal, respecto del cual la voluntad se constituye en un elemento esencial que no puede encontrarse viciado por algún tipo de presión, coacción o engaño.[1]

Criterios para que la renuncia surta efectos.

El ordenamiento jurídico vigente ha contemplado ciertos lineamientos[2] para que una renuncia pueda surtir efectos, estos son:

  • haya sido presentada de manera escrita
  • sea producto de una decisión libre de coacción por parte de quien la solicita
  • sea aceptada por el nominador dentro de los 30 días siguientes a su presentación, so pena de que, en el evento en el que la solicitud no sea resuelta, el trabajador se encuentre habilitado para ausentarse libremente de su puesto de trabajo
  • no se configure alguna de las prohibiciones legales, como lo son
    1. renuncia en blanco
    2. sin fecha determinada y
    3. que ponga en manos del nominador la suerte del empleado; y (v) finalmente, el empleador podrá solicitar, en una única ocasión, su retiro en los eventos en que considere que se configuran motivos de conveniencia pública, pero, en el evento en el que el trabajador insista en ella, ésta deberá ser aceptada[3].

Prohibiciones para el ejercicio del derecho a renunciar.

Es de destacar que las únicas prohibiciones que se han impuesto al ejercicio del derecho a renunciar del servicio público radican en que el documento presentado para este fin: (i) se encuentre en blanco, esto es, que no cuente con los elementos mínimos que permitan a) la identificación del trabajador y b) hagan manifiesta su voluntad de separarse del cargo; (ii) carezca de fecha a partir de la cual se haga efectiva; y (iii) que el acto que la contiene no exprese claramente la voluntad de renunciar, sino que ponga en manos del empleador la decisión de disponer del puesto.[4]

By: anfequisa, imagen via: revista ALÓ

SENTENCIA T-168 DE 2019. MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO ROJAS RÍOS. BOGOTÁ, D.C., VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

[1] Artículo 27 del Decreto 2400 de 1968 y Decreto 1083 de 2015.

[2] Ibídem.

[3] Artículo 2.2.11.1.3. del Decreto 1083 de 2015 “Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla”. (negrillas fuera del texto original)

[4] El Artículo 27 del Decreto 2400 de 1968 dispone: “que mediante cualquier otras circunstancias pongan con anticipación en menos del Jefe del organismo la suerte del empleado”.

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*