Lo que debes saber:

Consejo de Estado aclara los medios de control por medio de los cuales se puede ejercer la acción de lesividad.

El Consejo de Estado en sentencia del 16 de octubre de 2016 al resolver judicialmente la demanda interpuesta por el ente territorial, San Vicente de Arauca, demandante que pretende que se declare la nulidad de su propio acto, por medio del cual nombró al demandado como Director del Hospital San Vicente de Arauca ESE, definió la acción de lesividad de la siguiente manera:

Definición de acción de lesividad.  

La administración cuando advierte que expidió un acto administrativo particular que otorgó derechos a particulares puede discutir su legalidad ante el juez administrativo; se constituye pues en demandante de su propio acto, posición procesal que la doctrina española ha calificado como la acción de lesividad, la cual conforma un proceso administrativo especial, entablada por la propia Administración en demanda de que se anule un acto administrativo que declaró derechos a favor de una particular, porque es, además de ilegal, lesivo a los intereses de la Administración, vía en que la carga de la prueba de la invalidez del acto está a cargo de la demandante”[1].

Acciones por medio de las cuales se puede ejercer la acción de lesividad.

“En el contexto de nuestro Código Contencioso Administrativo, la acción de lesividad adopta una doble connotación naturalística. Por una parte, la de una típica acción objetiva, cuya pretensión básica y directa es la protección al ordenamiento jurídico, cuando a través de su ejercicio la Nación o las entidades públicas buscan tan solo obtener la nulidad de sus actos administrativos en beneficio del ordenamiento jurídico y le (SIC) legalidad. En estos casos, la acción se rige por las reglas de la acción de nulidad, compartiendo sus características de intemporal, general e indesistible, pudiéndose intentar en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

Por otra parte, la de una acción subjetiva, individual, temporal y desistible cuando lo que se pretenda con la nulidad de sus propias decisiones sea el restablecimiento de un derecho de la correspondiente entidad pública y amparada en una norma jurídica. Para todos los efectos estamos en presencia de una verdadera acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la caducidad para su ejercicio, según lo dispone el artículo 136 CCA conforme a las modificaciones introducidas por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, es de dos años contados a partir del día siguiente al de su expedición. Si la entidad pública pretende demandar actos diferentes a los propios la caducidad será de cuatro meses[2]. (Subrayas y negrillas fuera del texto original).

Con lo expresado es más que claro que la acción de lesividad se puede ejercer por parte del ente de derecho público según la naturaleza del acto administrativo lesivo a sus intereses, de esta manera está más que descartado que la acción de lesividad sea igual al medio de control de simple nulidad o al de nulidad y restablecimiento, confusión muy usual en el ejercicio del litigio.

VER SENTENCIA.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, (16) de octubre dos mil catorce (2014), Radicación número: 81001-23-33-000-2012-00039-02

By: anfequisa, imagen vía: http://occp.co/ 

[1] CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de 22 de junio de 2001. Expediente. 13172.

[2] SANTOFIMIO GAMBOA. Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Pág. 226.

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