Lo que debes saber:

Consejo de Estado define los presupuestos de la nulidad por inconstitucional de los actos administrativos de carácter general.

Los artículos 111 y 184 de la Ley 1437 de 2011[1] reiteran que la competencia para conocer del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad es del Consejo de Estado y, precisa el canon 184, que la sustanciación y ponencia es tarea de uno de los magistrados de la Sección respectiva de acuerdo con la materia, mientras que la expedición del fallo corresponde a la Sala Plena de esta Corporación.

Por su parte, el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 señala que por las vías de la Nulidad por Inconstitucionalidad pueden examinarse los decretos del Gobierno Nacional que no correspondan a la Corte Constitucional y, también los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.

Respecto de estos últimos entiende el Despacho que cuando la norma se refiere a «entidades u organismos distintos al Gobierno Nacional», lo hace para señalar aquellos órganos de carácter nacional a los cuales la propia Constitución Política de 1991 les asignó unos ámbitos específicos y unas potestades directas, exclusivas y autónomas para regular y/o reglamentar varios apartes del texto constitucional, sin necesidad de ley previa sobre la materia, tales como el Banco de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Servicio Civil, la Contraloría General de la República, entre otros.

Ello por cuanto el constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas materias y para determinados órganos, un sistema de reglamentación especial al margen de la tradicional potestad reglamentaria del Presidente, es decir, creó ámbitos de regulación y se los asignó de manera directa,[2] especial y exclusiva a otros entes constitucionales diferentes al Gobierno Nacional. En efecto, de conformidad con la enumeración hecha por la Corte Constitucional en la Sentencia C-805 de 2001,[3] las competencias de regulación exclusivas asignadas por la Carta a otros organismos o autoridades distintos del Gobierno Nacional, están asignadas al:

 «…Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, tiene, de conformidad con la ley, entre sus atribuciones especiales, la de ‘reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado’. El Contralor General de la República, por su parte, tiene entre sus atribuciones, de acuerdo con el artículo 268 de la Constitución, las de ‘Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse’ y ‘Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial’. Al Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, corresponde, a su vez, de acuerdo con el artículo 354 de la Constitución, ‘… determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley’. Del mismo modo, la Junta Directiva del Banco de la República ejerce las competencias de regulación que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 de la Constitución.»

En el mencionado fallo, la Corte hizo referencia explícita al Consejo Superior de la Judicatura, para advertir que dicho organismo también cuenta con una potestad de regulación autónomamente conferida por el artículo 257 de la Carta, que lo faculta para «Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador».

De acuerdo con lo expuesto, por las vías de la Nulidad por Inconstitucionalidad pueden examinarse los decretos del Gobierno Nacional que no correspondan a la Corte Constitucional y también los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional, sean expedidos por entidades u organismos de carácter nacional distintos del Gobierno.

Con todo lo anterior, expresa la máxima Corporación de la Jurisdicción Contenciosa que es claro que el medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad tiene adscritos unos presupuestos formales y materiales propios[4], que son:

  • Que la disposición acusada sea un acto administrativo de carácter general, dictado por el Gobierno Nacional, o por cualquier entidad u organismo de carácter nacional diferente al Gobierno;
  • Que la disposición normativa acusada hubiere sido expedida, por el Gobierno o cualquier entidad u organismo nacional diferente al Gobierno, en ejercicio de una función o atribución derivada de la Constitución misma, sin la existencia de ley previa que regule la materia;
  • Que el juicio de validez, es decir, el reproche o infracción endilgada al acto enjuiciado, se realice de manera directa frente a la Constitución Política, no respecto de alguna ley; y
  • Que la revisión de la disposición demandada no sea competencia de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241 de la Constitución Política.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),  No. de Referencia: 110010325000201600936 00, No. Interno:4255-2016

By: anfequisa. imagen via: Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi

[1] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[2] C-350 de 1997. En dicho fallo, al resolver una «Acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 335 de 1996», dijo en un obiter dicta: «Por lo anterior, no es aceptable la tesis de la actora, en el sentido de que la función de la CNTV es una “función desligada de la ley”, una función “constitucional normativa” que dicho organismo puede ejercer sin que medie la actividad legislativa, como si lo es, por ejemplo, la facultad normativa directa de la cual goza el Banco de la República, que le permite “…regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el Constituyente le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura a través del artículo 257-3 superior, para que, cuando no lo haya hecho el legislador, éste pueda “…dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador…».

[3] Por medio de la cual se resolvieron las «Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley N° 182/99 Senado y 004/00 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas sobre el uso de los alcoholes carburantes, se crean estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se establece una contribución parafiscal y se dictan otras disposiciones».

[4] Sobre el particular se puede consultar la sentencia C-1154 de 2008, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández, en la que se identifican y definen de manera resumida los criterios formal y material para determinar los decretos del Gobierno Nacional que son de conocimiento del Consejo de Estado en virtud del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad. También se puede ver la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 30 de junio de 2013, ponente Consejero Marco Antonio Velilla Moreno, que estudió una demanda interpuesta contra el Decreto 1421 de 1993; y la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2004, con ponencia de la Consejera María Claudia Rojas Lasso, en la que se estudió la constitucionalidad del Decreto 1351 de 2012,[4] mediante el cual el Presidente «convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias».

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