Lo que debes saber:

Consejo de Estado determina el alcance de la expresión “ejercer la profesión de abogado con buen crédito”.

Partiendo de la base según la cual para el ejercicio de ciertos cargos como los de magistrado de Alta Corte, criterio que de alguna manera lleva implícito también el criterio de elección del Defensor Nacional del Pueblo, aspecto asumido en anterior publicación titulada: Análisis sobre la experiencia profesional de abogado como elemento determinante para la elección de Defensor del Pueblo Nacional.

En sentencia del 3 de diciembre de 2015, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta recordó que mediante las sentencias de 1º de octubre de 199219 y del 18 de abril de 1997[1], el Consejo de Estado se encargó de definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión de abogado”, así:

 “El ejercicio de la profesión de abogado es una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los términos precisos de la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, o sea `… defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos jurídicos.

Esta concepción tradicionalista por considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía al litigio.

La exigencia de haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado por un lapso de diez (10) años, lo que en el fondo persigue, es que el elegido goce de una experiencia profesional adecuada en materia jurídica, que le permita desempeñar con acierto las funciones del respectivo cargo. Experiencia que se logra no solo actuando el abogado en representación de litigantes ante los estrados judiciales -criterio superado-, sino en otras: actividades donde el profesional del derecho ponga en práctica sus conocimientos académicos[2](Subrayas y negrillas fuera del texto).

En la misma providencia en cita, luego de transcribirse los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía” se arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones: i) el ejercicio de la profesión de abogado no se restringe a la labor derivada del derecho de postulación en juicio, pues también le compete adelantar una función social que se puede desplegar en “…diversos campos en que actúe en razón de su profesión”; y ii) “el ejercicio de la abogacía se podrá comprobar con el desempeñó habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado”.

Los anteriores argumentos se reafirmaron en la sentencia de 11 de mayo de 200122, al señalar:

“(…) La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 24 de noviembre de 1.977, explicó que según tal disposición [artículo 21 del Decreto 250 de 1970] es ejercicio de la profesión toda actividad jurídica independiente o dependiente, en cargo público o privado; que esta ampliación del concepto se ajusta a un criterio más racional y lógico y comprende un desenvolvimiento intelectual de mayores beneficios para la comunidad que el limitado al campo del litigio, de los procesos o de las contenciones ante la jurisdicción estatal; que hay otras actividades jurídicas que por su notoriedad intelectual relevaban la calidad de abogado, como son la investigación jurídica y las funciones académicas, o las de doctrinantes o tratadistas de derecho, que unidas al título de abogado corresponden a un recto ejercicio de la profesión y dan aptitud muy respetable para desempeñar un cargo superior en la Rama Judicial o en el Ministerio Público[3](Negrillas fuera de texto).

Con todo lo expuesto, la misma Sección Quinta, en fallo de 12 de julio de 200125, recogió los anteriores pronunciamientos y destacó que “(…) Salvo norma expresa en contrario, para acreditar el ejercicio profesional requerido para acceder al cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se pueden acumular las experiencias adquiridas en el ejercicio de la profesión, luego de la obtención del título de abogado, en el litigio, la asesoría o consultoría en forma independiente o subordinada, así como en el desempeño de cargos públicos o privados que impliquen el cumplimiento de actividades jurídicas en la forma prevista en la ley” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA CONSEJERA PONENTE: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015)

By: anfequisa, imagen via: Valor 2.0

[1] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee

[2] Sentencia de 18 de abril de 1997

[3] Gaceta Judicial, t. CLVI, núm. 2.396, pág. 358.

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