Lo que debes saber:

Consejo de Estado hace precisión acerca de algunos aspectos relativos al contrato realidad y la prescripción de los derechos que de su declaratoria se derivan.

Como primera medida, el Concejo de Estado en sentencia del 15 de septiembre de 2016 expresó que si bien la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, determinó la posibilidad que existe de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, también recabó en que la administración no puede utilizar esta modalidad de vinculación para esconder la existencia de una verdadera relación laboral personal, subordinada y dependiente.

De esta manera resalta el Consejo de Estado que en las relaciones laborales se deben acreditar tres elementos que le son propios: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la remuneración y en especial, (iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. Con lo depuesto la misma jurisprudencia ha aceptado que entre el contratante y contratista puede existir una relación coordinada para el desarrollo eficiente de la labor encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horarios y recibir instrucciones de los superiores o reportar informes sobre los resultados, sin que ello significara necesariamente la configuración del elemento subordinación, aspecto este que fuera estudiado en publicación anterior de este Blawg (Ver publicación).

Con todo es palmario que en un proceso de tal naturaleza, propio del contrato realidad se  debe acreditar la existencia de los tres elementos referidos; especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, ello en razón a que por el contrario, una relación contractual, regida por la Ley 80 de 1993, se pacta para la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; de ello se deriva que el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; le pagan honorarios por los servicios prestados; y, la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

Ahora bien, valga mencionar que la Corporación de lo contencioso administrativo recabó que los contratos de prestación de servicios, están restringidos a aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional; porque si contrata por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual, y por tanto configura contrato realidad lo que deviene del reconocimiento de las prestaciones sociales generadas al contratista, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra, que esa relación laboral que se ocultó bajo el manto solapado de un contrato estatal; ello, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Política del 91

Prescripción de los derechos prestacionales derivados del contrato realidad.

En cuanto a la prescripción de los derechos prestacionales derivados del contrato realidad, el Consejo de Estado concluyó sobre su no prescripción, en tanto su exigibilidad es imposible antes de que se produzca la sentencia, porque es en tal decisión judicial en la que se declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo; es decir, que es a partir del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podía operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo[1].

Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó, que aunque es cierto, que es desde la sentencia, que se hacen exigibles las prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es, que el particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral dentro de un término prudencial, que no exceda la prescripción de los derechos que pretende; lo que significa, que debe solicitar la declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor a tres años[2].

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 68001-2331-000-2009-00691-01 (1579-2015).

By:anfequisa, imagen via: Palabras Mayores

[1] Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 2152-06. Consejero ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

[2] Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 9 de abril de 2014. Expediente No. 131-13. Consejero ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

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