Lo que debes saber:

Consejo de Estado recuerda los términos para resolver la nulidad y el recurso de apelación después de dictado el fallo de primera instancia en el proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002.

En fallo del  21 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, precisó que el artículo 146 del Código Disciplinario Único dispone que “[l]a solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo”, y por fallo definitivo ha de entenderse el de segunda instancia, recaba la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido destaca también el Consejo de Estado que para decidir la solicitud de nulidad, de conformidad con el artículo 147 del Código, se tiene el deber de resolver “a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su recibo”; y para decidir el recurso de apelación, al fallo de primea instancia se cuenta según el artículo 171 del Código con “los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso”. En ese sentido se tiene que cada uno de estos términos específicamente establecidos por el Legislador corren en forma separada.

De lo depuesto se tiene entonces que una vez cumplido el término para resolver la nulidad, esta decisión está sujeta al recurso de reposición, ya que según el artículo 113 del Código, dicho recurso procede –entre otras hipótesis limitadas- “contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad”. A diferencia de lo anterior, el fallo de segunda instancia no está sujeto a un nuevo recurso, ni de reposición ni de apelación.

Con todo,  la mencionada Corporación asumiendo el caso concreto expresó que: “(…) El Procurador General de la Nación resolvió la solicitud de nulidad en el fallo de segunda instancia, incumplió el término legal para resolver, y al mismo tiempo privó a la señora Navarro de la posibilidad de ejercer el recurso de reposición contra dicha decisión (…)”; frente a esto, destaca también que pese a ello, no se trata de irregularidades que en el caso concreto tengan la trascendencia suficiente como para viciar de nulidad el proceso, ya que por las razones que se enuncian a continuación, no se violó en términos sustantivos el debido proceso ni el derecho de defensa de la disciplinada.

La Sala recordó que, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. “(…) En aplicación de esta pauta, el Consejo de Estado ha establecido en una línea jurisprudencial pacífica que, en el contencioso de anulación de los actos administrativos disciplinarios, no cualquier irregularidad que se presente tiene por efecto generar una nulidad de las actuaciones sujetas a revisiónúnicamente aquellas que, por su entidad, afectan los derechos sustantivos de defensa y contradicción del investigado (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Así lo ha expresado inequívocamente esta el Consejo de Estado, al afirmar que “no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario, genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se aplica a un funcionario una sanción disciplinaria, pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso”[1]. En idéntica línea, en pronunciamiento de 2007, cuando la misma Sección expreso:

“Como lo ha expresado la Sala en otras oportunidades, el debido proceso es una garantía constitucional instituida en favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial (artículo 29). Consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa. No obstante, debe precisarse que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se aplica a un funcionario una sanción disciplinaria pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, es decir sólo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.[2] (Subrayas y negrillas fuera del texto).

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA. SUBSECCION A. CONSEJERO PONENTE: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. BOGOTÁ, D.C., VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013). RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-25-000-2011-00190-00(0649-11)

Al respecto ver fallo de CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. CONSEJERO PONENTE: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. BOGOTÁ, D.C., DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL SIETE (2007). RADICACIÓN NÚMERO: 25000-23-25-000-2007-00376-01(AC), en el que esta instancia expresa que el fallo de primera instancia en el fallo definitivo es el fallo de primera instancia, posicion diametralmente opuesta a la estudiada en este mas reciente sentencia.

 By: anfequisa, imagen via: Sentencia El Blog de Alex Garberi

[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de diciembre de 2002, Rad. No. 54001-23-31-000-1993-7797-01(16144); Consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de agosto de 2007, Rad. No. 25000-23-25-000-1999-11470-01(4144-04); Consejero Ponente: Jesús María Lemos Bustamante.

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