Lo que debes saber:

Declarado inconstitucional el concurso de méritos de la Procuraduría para la elección de Personeros Municipales y Distritales.

Al haber sido demandada por inconstitucional el artículo 35 de la ley 1551 de 2012 (julio 6) “Por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios”, la Corte Constitucional en razón al precitado artículo se expresó en los siguientes términos:

ARTICULO DEMANDADO.

ARTÍCULO 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 170. Elección. Los concejos municipales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su período constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.

Corresponde a la Procuraduría General de la Nación comunicar a los Concejos Municipales y Distritales los resultados del concurso público de méritos, indicando los respectivos puntajes en estricto orden numérico, hasta agotar la lista de elegibles que tendrá vigencia por el período institucional”.

NOTA: apartes en negrilla y resaltados fue el contenido demandado por la acción constitucional).

DECISIÓN.

ARGUMENTOS DE LA CORTE

La Corte consideró que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 contenía dos preceptos autónomos que requerían de un examen independiente:

De un lado, (i) la orden de que la elección de los personeros municipales y distritales se sujete a un concurso de méritos; y de otro,

(ii) la orden de que dichos concursos sean diseñados y ejecutados por la Procuraduría General de la Nación.

LO DECLARADO EXEQUIBLE.

Primero.– Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados en esta sentencia, de la expresión “previo concurso de méritos”, contenida en el inciso primero del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.

Frente al primer punto, (i) Con respecto a la realización de un concurso de méritos, la Corte determinó que, contrario a lo sostenido por los demandantes, no se vulnera el principio democrático, las competencias  constitucionales de los concejos, ni el procedimiento constitucional de  elección. En primer lugar, porque a la luz del artículo 125 de la Carta Política, tal como ha  sido interpretado por esta Corporación, la elección de servidores públicos que no son de  carrera puede estar precedida del concurso, incluso cuando el órgano al que le  corresponde tal designación es de elección popular. La razón de ello es que elordenamiento superior privilegia el sistema de méritos como mecanismo de acceso a la  función pública, en la búsqueda por la transparencia y la protección de los derechos al  debido proceso, al trabajo y al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. En  segundo lugar, la realización del concurso no vulnera el artículo 313-8 de la Constitución,  por cuanto esa norma solamente señala la competencia de los concejos municipales, pero  no fijó ningún procedimiento para escogencia y designación de aquellos servidores, lo que  bien podía definir el Legislador. En tercer lugar, la realización del concurso es compatible  con una noción amplia de democracia, que no solo privilegia el sufragio y las decisiones  discrecionales de quienes son elegidos a través de este mecanismo, sino también la  intervención directa de la ciudadanía en la conformación del poder, y en la gestión y el  control de la actividad estatal, así como la garantía de los derechos fundamentales a la  igualdad, acceso a la función pública y el debido proceso.

LO DECLARADO INEXEQUIBLE.

(ii) En relación con la orden de que los concursos sean realizados por la Procuraduría  General de la Nación, la Corte encontró que esa exigencia desconoce la normativa  superior, en particular las competencias constitucionales de los concejos y la autonomía de  las entidades territoriales. En efecto, como el concurso es la fase medular del proceso de  designación de funcionarios y tiene carácter vinculante, su realización por una autoridad  diferente a los concejos municipales desconoce la facultad constitucional de escogencia de  personero y conduce a un vaciamiento de su competencia. Para la Corte, este traslado  funcional no solo afecta el rol institucional de los concejos, a quienes la Constitución les confiere atribución para elegir a los personeros (art. 313-8 C.P.) sino que además  menoscaba la autonomía de las entidades territoriales en cuanto a la facultad de  gobernarse por sus propias autoridades (art. 287-1 C.P.). A juicio de la Corte, tales  concursos deben ser llevados a cabo por los concejos, para lo cual pueden contar con el  apoyo técnico y organizacional de otras entidades e instituciones especializadas. De esta  forma, se facilita el acceso de personas de la región a dichos cargos y se respeta el ámbito  de competencia de los entes territoriales en la designación de sus funcionarios.

Ver comunicado de prensa.

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Ver salvamento de voto y aclaración de voto.

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