Lo que debes saber:

Diferencias entre precedente y antecedente judicial.

Definición de precedente judicial.

La Corte Constitucional se ha referido a la figura del precedente[1] como:

 “(…)

 Aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia. La pertinencia de un precedente, se predica de una sentencia previa, cuando: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente[2]; (ii) se trata de un  problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.[3]  Negrilla fuera del texto.

 (…)”

 En ese sentido, el precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.  Como se verá más adelante in extenso, no podrá predicarse la aplicación de un precedente en ausencia de alguno de estos elementos[4].

 Colofón de lo anterior, el concepto de precedente se contrae al análisis profuso  de decisiones en un mismo sentido que conforma una posición jurídica frente a un tema concreto y que tiene efecto vinculante para los jueces de la república, lo  que podría redundar en un concepto más ligado al contenido de la sentencia, tema a tratar, que frente a la simple inflexión de ser una decisión de fondo emanada de una alta corte, jurisprudencia, estricto semsu, el precedente sea considerado un factor vinculante para la actividad judicial y administrativa, se resalta, pues este dada su naturaleza denota un criterio claro y contundente proveniente de una instancia suprema que en casos similares, con identidad de objeto y sujetos,  salvo justificación razonada y suficiente debe ser acatada por las autoridades.

Como se estilara líneas antes, la Corte Constitucional expresó que la pertinencia de un precedente, se predica de una sentencia previa cuando:

 (i)la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente;[5] 

 (ii)       se trata de un  problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y

 (iii)      los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.[6]

 A grandes rasgos se concluye que en sede judicial, los operadores administrativos y judiciales están obligados a aplicar el precedente establecido por los órganos encargados de unificar jurisprudencia en las correspondientes  jurisdicciones, pues de lo contrario y envestidos por la autonomía judicial podrán apartarse del precedente siempre y cuando como lo dice la corte soporten en una carga argumentativa más estricta, consistente en demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan, ya que de no ser así se origina un defecto que hace procedente la acción de tutela, denominado defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial[7], medio de acción judicial de tanto uso por estos tiempos.

En efecto, apartarse de la jurisprudencia de las altas cortes, es una alternativa que está  sometida a requisitos estrictos dados por la misma jurisprudencia como:

i)     Presentar de forma explícita las razones con base en las cuales se aparta del precedente

ii)    Demostrar con suficiencia que la interpretación brindada aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales[8].

Lo anterior tiene como fundamento el nuevo paradigma interpretativo del artículo 230 de la carta superior como se dijera antes, lo que no es óbice ni mucho menos habilita a las autoridades judiciales para que en el ejercicio indiscriminado de su autonomía desconozcan de forma  injustificada el precedente. De esta manera la corte ha reconocido que las decisiones arbitrarias que desconocen de manera injustificada el contenido y alcance de una regla jurídica establecida por una alta corte, puede configurar el delito de prevaricato, ya que en esos casos el operador no solo se aparta del precedente judicial sino también del ordenamiento jurídico, pues, en los términos del artículo 230 de la Constitución, esos pronunciamientos hacen parte del concepto de ley en sentido material[9].

En efecto y con la intención de dilucidar cualquier duda frente a los elementos constitutivos del precedente y su diferencia con el antecedente judicial, se pasa a estilar algunos aspectos referentes a dilucidar tales aspectos.

Diferencias entre precedente y antecedente judicial.

Con la usual confusión que se suscita a la hora de definir el precedente judicial, diferente del antecedente judicial, a continuación se pasa a definir el primero y a referir algunos aspectos del precedente importante para este capítulo teniendo en cuenta la definición de precedente antes dada.

Definición de antecedente judicial.

 La Corte Constitucional, en sentenciaT-285 de 2013[10] definió al antecedente judicial de la siguiente manera:

 “(…)

El antecedente se refiere a la  decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.

(…)”

En esa misma línea,  en la sentencia T-292 de 2006[11], la Corte Constitucional, ante la pregunta de “¿debe entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al caso en estudio?”, expresó:

 La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no”.

 En tal sentido, en lo que corresponde al concepto de precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

 Disertada la diferencia entre antecedente y precedente judicial, las cuales dan como resultante que en el sistema jurídico interno la que vincula es el precedente judicial, se pasa a referenciar las clases de precedentes que por vía de autoridad la vigilante de la constitución ha reiterado en varias de sus sentencias.

By anfequisa, iamgen via: ojointernet.com

 (sentencia Sentencia T-285/13 Magistrado Ponente:JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB)

VER SENTENCIA.

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[1] En  ocasiones  la jurisprudencia ha considerado el desconocimiento del precedente  como una modalidad del defecto sustantivo (T-002 de 2012  reiteración de muchas otras) y en otras como un defecto autónomo. Al margen de tal clasificación, lo relevante es que se trata de un defecto de naturaleza sustantiva que hace incompatible la decisión judicial con los preceptos constitucionales, según se consignó en la sentencia C-590 de 2005.

[2]  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1317 del 07 de diciembre de 2001. MP. Rodrigo Uprimny Yepes.”

[3] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 del 06 de abril de 2006. MP. Manuel José Cepeda.

[4] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.Sentencia T-441 del 08 de junio de 2010. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[5]COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. sentencia T-1317 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).

[6]COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).

[7] Al respecto ver sentencia C-590 de 2005

[8] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-656 de 20 11. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt  Chaljub

[9] Ibid.

 

[10] Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

[11] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

 

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