Lo que debes saber:

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad.

A pesar de ser una decisión tomada ya hace algún tiempo no deja de ser importante en el ámbito jurídico razón por la que este Blawg en un ejercicio académico, pone a disposición la decisión del Consejo de Estado en sentencia del 6 de octubre de 2016, por medio de la cual se declara la nulidad de la decisión del Ministerio Público proferida en septiembre de 2010 la cual se dio con base, esencialmente, en los documentos que incautó el Ejército Nacional durante la “Operación Fénix” (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vínculos de la entonces senadora con grupos al margen de la ley.

La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos.

La estudiada sentencia “La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”.

El fallo señala también que los otros documentos utilizados por la Procuraduría para sancionar a la ex congresista constituyen prueba indiciaria que solo se apoya en registros de prensa que son insuficientes para demostrar una supuesta promoción, auspicio, financiación, organización, instrucción o colaboración con grupos armados al margen de la ley.

Indica la sentencia además que “Es un hecho notorio, suficientemente conocido por el país, que Piedad Esneda Córdoba Ruíz ha sido una fuerte opositora de los últimos gobiernos y además dirigente de la organización “Colombianos por la Paz”. También ha sido evidente su empeño en buscar mecanismos para liberar las personas secuestradas por las FARC, razón por la cual, el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a mediados de 2009, autorizó a la senadora para participar, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el proceso de liberación de 24 personas secuestradas. En el mismo sentido, en el mes de diciembre de 2010, el Presidente Juan Manuel santos autorizó a la citada política para que participara activamente en la liberación de las personas que todavía se encontraban secuestradas”, puntualiza la sentencia.

La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la ex parlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ BOGOTÁ D.C., 6 DE OCTUBRE DE 2016 REFERENCIA: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN: 11001-03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012).

By: anfequisa, imagen:El País

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