Lo que debes saber:

El Estado puede ser condenado a indemnizar daños Independientemente de la responsabilidad de su agente.

El Consejo de Estado al examinar el caso de la emboscada a una comisión judicial, reiteró los elementos fundantes de la responsabilidad extra contractual por falla del servicio a partir de lo preceptuado en el artículo 2º inciso 2º de la Carta Política, consistente en que las autoridades de la República se encuentran en el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Precepto normativo anterior que según esta corporación “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”[1]; así, las obligaciones que están a cargo del Estado –y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión–, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño cuya reparación se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo[2].

De forma subsecuente, el Consejo de Estado expresó las modalidades en las cuales se configura la falla del servicio resaltando:

I. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio.

II. La irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal.

III. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía[3].

 Finalmente y para destacar, derivado del caso concreto la máxima instancia de la jurisdicción contenciosa examinó el principio de confianza desde el sentido filosófico y sociológico, así como desde la jurisprudencia constitucional reiterada por la Corte Constitucional, en los términos que se ponen a consideración en los documentos adjuntos a la presente publicación.

By: anfequisa,

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 50001233100019990029701 (26072), 4/9/2014)  

VER SENTENCIA.

[scribd id=225791570 key=key-y8VU7rSmnqCLybLS8bUv mode=scroll] [attention]La confianza, en el sentido filosófico y sociológico  [/attention] [attention] El principio de confianza segun la Corte Constitucional [/attention]

 

[1] Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.

[2] Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787

[3]Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente No. 14.880.

 

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*