Lo que debes saber:

Hay lugar a condenar al estado por error judicial por el caso de un despido de servidor público con fuero sindical: CE

El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación- Rama Judicial a causa de la emisión de fallo en el que se negó la protección especial por fuero sindical de una servidora pública.

En esta sentencia, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa resaltó que en el caso puesto a consideración, se desconoció preceptos constitucionales como los del artículo 38 y 39 de la carta superior, normas que establecen la garantía del derecho de asociación, negociación colectiva, libertad sindical y derechos de fuero conforme lo establece el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, ello ligado a la sujeción de principios del derecho laboral como el indubio pro operario, pues de haber existido varias disposiciones normativas aplicables al caso concreto o distintas interpretaciones razonables sobre su contenido, el operador judicial debió optar por la que otorgara mayor amparo al trabajador, en aplicación de tal principio.

Con todo lo expuesto, se reitera en la sentencia que esta obligación impuesta al juez colegiado no se presentó, así como tampoco se evidenció controversia a la hora de escoger la hermenéutica para solucionar el caso concreto, en tanto la normatividad sustancial establece de forma diáfana la forma de acreditar la calidad de aforado sindical de los miembros de las juntas directivas de este tipo de asociaciones así como la extensión del referido amparo a sus primeros 10 integrantes.

Como aspecto importante, la providencia en cita hace aclaraciones acerca de la exigencia de comunicar de forma escrita el cambio de junta directiva al empleador y al inspector de trabajo de acuerdo al artículo 363 y 371 del Código Sustantivo de Trabajo, en efecto el Consejo de Estado citó la sentencia C- 465 de 2008 que expresa:

“(…) Las modificaciones en la junta directiva, en virtud del principio de autonomía sindical, deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato, pero respecto de los empleadores y el Gobierno los cambios tienen efectos a partir del momento en que el sindicato les informe sobre ellos, y puesto que el depósito de la comunicación respectiva en el Ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones, ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los terceros. En el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son los trabajadores amparados por el fuero sindical, protección foral que, desde la perspectiva del derecho constitucional de asociación y libertad sindical, opera desde que se efectúa la primera notificación, por cuanto en el caso de que el primer notificado hubiere sido el empleador éste adquiere desde el mismo momento de la comunicación la obligación de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes, y en el caso de que el primer notificado hubiera sido el Ministerio, éste adquiere la obligación de comunicar inmediatamente al empleador sobre la designación realizada (…)”.

En ese orden de ideas, el máximo tribunal sigue su línea argumentativa evocando providencias de la Corte Constitucional en el sentido de que de acuerdo con el principio de la autonomía sindical, es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes. La administración no puede negarse a inscribir a los miembros de la junta directiva que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. Ello constituiría una injerencia indebida de la administración en la vida interna de las organizaciones sindicales. Si el Ministerio – o el empleador – considera que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindicato, debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto[1].

Finalmente al respecto se puede ver también la sentencia del Consejo de Estado, radicación número: 41001-23-31-000-1999-00321-01(30751) del 20 de octubre de 2014 en donde se estudia que no ordenar reintegro de trabajadores aforados despedidos sin autorización genera responsabilidad estatal por error judicial. Por otra parte no debe pasarse por alto las excepciones de levantamiento de fuero por vía judicial a los empleados en provicionalidad, ver Concepto 118047 del 15 julo de 2014.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Expediente: 38517, Radicación: 470012331000200700467 01 DEL 8 de julio de 2016

By: anfequisa, imagen via: aprendamoslegislacion.blogspot.com

[1] CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia c-465 del 14 de mayo de 2008, actor: Diana Carolina Cely Acero y otro, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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