Lo que debes saber:

Improcedencia de la acción de tutela en asuntos relativos a la garantía de fuero sindical. Reiteración de jurisprudencia

La Corte Constitucional  ha determinado que la acción de tutela es improcedente para remediar la alegada vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador despedido mientras gozaba de la garantía de fuero sin seguir el procedimiento previo de autorización ante el juez laboral. Lo anterior en virtud de que la legislación procesal laboral consagra la acción de reintegro como un mecanismo ágil, idóneo y efectivo para la garantía de los derechos fundamentales de asociación y libertad sindical, que pueden verse afectados con tal proceder.

El anterior planteamiento quedó plenamente establecido en la sentencia SU-036 de 1999.[1] Allí se recuerda que en el pasado se admitió la procedencia de la acción de tutela en tratándose de servidores públicos con fuero sindical, atendiendo a que no existía un procedimiento previo de autorización para despedir como lo tenían los trabajadores particulares, sino un control judicial posterior que se materializaba en la demanda del servidor ante el juez administrativo.

No obstante, se advierte que con la expedición de la Ley 362 de 1997, en la que se adjudicó a los jueces laborales la competencia para conocer de los procesos de autorización para despedir servidores públicos con fuero sindical, estos últimos tienen la misma garantía de los trabajadores particulares de iniciar la acción de reintegro prevista en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, en dicha medida, se reitera, la acción de tutela resulta improcedente para solicitar el reintegro de un trabajador al que le ha sido vulnerada su garantía de fuero sindical.

La anterior posición es reiterada en la sentencia T-077 de 2003[2] en la que se anota: “Conforme a lo anterior, como regla general reiterada por la Corte Constitucional, la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro de empleados públicos aforados sindicalmente puesto que, para la protección del derecho al trabajo y a la asociación sindical, está previsto en el ordenamiento jurídico otro medio alternativo de defensa judicial propio, específico y eficaz que excluye la utilización de la acción de tutela para este fin: la acción de reintegro.” En el mismo sentido, en la sentencia T-234 de 2005[3] se concluye: “Tratándose de la protección del fuero sindical, como regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela no es procedente para solicitar el reintegro de aquellos trabajadores que fueron despedidos gozando de la garantía del fuero sindical puesto que, para la protección del derecho al trabajo y a la asociación sindical, existe dentro del ordenamiento jurídico un medio de defensa propio, específico y eficaz que excluye la utilización de la acción de tutela para proteger los citados derechos.  Este mecanismo es la acción de reintegro consagrada en las normas laborales.”[4]

Por último, más recientemente, en la sentencia T-1079 de 2006[5], se estudió el caso de una servidora pública despedida en el momento en que gozaba de la garantía de fuero sindical, sin que se hubiera tramitado previamente la autorización para despedir. Allí se reitera que por regla general la acción de tutela resulta improcedente para solicitar el reintegro de trabajadores con fuero sindical despedidos sin autorización judicial previa al concluir: “De esta manera, en los casos, como el que ahora se revisa en esta sentencia, se aprecia que la accionante contaba con la acción laboral de reintegro por fuero sindical, acción judicial que se caracteriza por ser expedita, ágil e idónea para controvertir los actos de desvinculación -incluso de servidores públicos- que atenten contra la garantía sindical mencionada, por lo que la Corte misma ha dicho que en estos casos la tutela no es procedente, pues el ordenamiento jurídico ofrece la vía adecuada para la protección del derecho afectado.”.

Excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela en asuntos de fuero sindical – Sentencia T-845/08.

No obstante lo anterior, no puede pasarse por alto que tanto el actor como el juez constitucional de segunda instancia argumentan que la acción de tutela resulta procedente en forma excepcional y transitoria, en casos en los que se despide a un trabajador aforado sin la previa autorización del juez del trabajo.

Del análisis de las decisiones proferidas por esta Corporación, se pueden determinar dos tipos de excepciones específicas, que se han dado en contextos particulares y que han correspondido al análisis estricto de cada caso: i) cuando las desvinculaciones se generan en el ámbito de un despido colectivo en donde se puede determinar una afectación global y grave del sindicato, de manera que no sólo se pone en riesgo la garantía de fuero sindical de un trabajador, sino que se amenaza la “integridad de la organización sindical[6], por ejemplo en situaciones en las que se evidencia la existencia de una “persecución sindical”, que afecte a la propia organización sindical[7]; ii) cuando media la vulneración grave de otros derechos fundamentales que no pueden ser protegidos plenamente a través de la acción de reintegro, situaciones éstas que llevan a concluir la existencia de un perjuicio irremediable, que debe ser concreto y plenamente probado, y que “ostente el carácter de inminente al encontrarse en una grave situación que requiere de medidas urgentes y cuya protección es impostergable.”[8]

CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T – 845 DE 2008. MAGISTRADO PONENTE: DR. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

By: anfequisa, imagen via: libertar y organización sindical

[1] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

[2] M.P. Rodrigo Escobar Gil.

[3] M.P. Jaime Araujo Rentería.

[4] Estas decisiones son igualmente reiteradas, entre otras, en las sentencias T-695 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1079 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-288 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-253 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería).

[5] M.P. Jaime Córdoba Treviño.

[6] Ver por ejemplo la sentencia T-764 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), en la cual la Corte tuteló el derecho a la asociación sindical de un grupo de trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. que habían sido despedidos masivamente.

[7] Sentencia T-077 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).

[8] Sentencia T-728 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara).

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*