Lo que debes saber:

Irretroactividad de los actos administrativos

En fallo del año 2000 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, aclaró que el acto administrativo nace perfecto desde el mismo momento en el que se reúnen todos sus elementos esenciales -competencia, causa, voluntad, fin, forma, contenido-.  La existencia y la eficacia del acto -conceptos diferentes-, pueden coincidir en el tiempo u ocurrir en distinta época.

Por regla general, en nuestro ordenamiento jurídico,  el acto administrativo produce efectos desde la fecha de su publicación, comunicación o notificación, según el caso[1] y, por tanto, las consecuencias en él previstas  tienen lugar a partir de ese momento, siempre que no contenga alguna determinación que lo dilate, lo posponga o suspenda, conforme a la ley. Sin embargo, se reitera, hay ocasiones en que la respectiva decisión, excepcionalmente, comienza a ser eficaz en una oportunidad distinta, según la naturaleza y características propias de cada acto.

De estas nociones surgen, además, los conceptos de ejecutividad, característica especial de la eficacia que consiste en que una vez perfeccionado el acto produce todos sus efectos y, por tanto, puede y debe ser ejecutado; y, de ejecutoriedad, que es la posibilidad de la administración de ejecutar el acto, aún contra la voluntad de los administrados, y sin recurrir al órgano judicial.

Con relación al conflicto de una norma jurídica en el tiempo, vale la pena señalar que ésta es retroactiva cuando la voluntad administrativa expresada retorna al pasado para aplicarse sobre las condiciones de validez de un hecho o acto jurídico preexistente, destruyendo o modificando sus efectos iniciales, que tuvieron amparo en un precepto anterior. A contrario sensu, la norma será irretroactiva cuando no incide en situaciones jurídicas pretéritas.

Son razones de seguridad jurídica las que llevan a adoptar el principio de la irretroactividad, en tanto que la justicia es el factor que avala la retroactividad de los actos jurídicos. Hay quienes consideran que la seguridad es lo más importante en la vida social, pues salvaguarda los intereses de los particulares, y persigue que éstos tengan certeza sobre las reglas que regirán su conducta, para de esta manera saber qué pueden hacer o no y las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el sentido de la justicia, impone excepcionalmente la adopción de decisiones con repercusión sobre situaciones remotas que todavía tienen consecuencias en el presente.

La doctrina y jurisprudencia nacional ha precisado que la irretroactividad de las leyes y de los actos administrativos es uno de los principios sobre los cuales se edifica un Estado de derecho. Sin embargo, esa regla tiene excepciones, pues como lo ha sostenido esta Corporación, los actos administrativos no pueden surtir efecto con anterioridad a su vigencia. Solo en forma excepcional puede un acto administrativo tener efectos hacia el pasado y siempre con base en una autorización legal [2]. Esta Sala, en consulta del 25 de febrero de 1975, expresó:

“…de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Nacional y la ley 153 de 1887, es norma general que la ley es irretroactiva, que sólo tiene efectos hacia el futuro, con miras a mantener la confianza, seguridad y certidumbre de las personas en el orden jurídico.

Es norma de observancia para los jueces y el legislador en garantía de situaciones nacidas válidamente al amparo de las normas legítimamente existentes.

De la irretroactividad de la ley se deduce la irretroactividad de los actos administrativos, los cuales no pueden surtir efecto con anterioridad a su vigencia. Sólo en forma excepcional puede un acto administrativo tener efecto hacia el pasado y siempre con base en una autorización legal”[3].

La decisión contenida en el acto de carácter general o particular es válida desde el momento en que se expide y su fuerza vinculante comienza desde su publicación o notificación, según el caso, sin que la publicación se erija en requisito de validez del acto general, pero que constituye condición de oponibilidad a los particulares. “…si el acto administrativo concede un derecho al   particular, éste puede reclamarlo de la administración, aunque el acto no haya sido publicado. Si por el contrario, el acto impone una obligación, ésta no puede exigirse hasta tanto dicho acto sea publicado, aunque haya una instrucción en el mismo, en sentido contrario”. [4]

Con base en lo expuesto podemos concluir que tanto nuestro ordenamiento jurídico[5], como nuestra doctrina y jurisprudencia, acogen el criterio general de que los actos administrativos tienen efectos hacia el futuro, con fundamento en el principio de la seguridad jurídica[6], que busca ante todo brindar la certeza y estabilidad de las situaciones jurídicas existentes. Sin embargo, tal postulado tiene excepciones dentro de las cuales podemos precisar, entre otras, las siguientes:

 a) Cuando el acto administrativo en su contenido es declarativo y no constitutivo[7]. Este aserto tiene apoyo, además, en el artículo 58 del Código de Régimen Político y Municipal que expresa que “Cuando una ley se limite a declarar el sentido de otra, se entenderá incorporada en ella para todos sus efectos; pero no alterará lo que se haya dispuesto en decisiones ejecutoriadas antes de que entre a regir”.

 b) El acto administrativo que se dicta en cumplimiento de una sentencia emanada de la jurisdicción contencioso administrativa, fruto de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, el pronunciamiento jurisdiccional tiene efectos ex tunc.

 c) En algunos eventos el acto administrativo que revoca otro.

 d) Los actos interpretativos de actos administrativos anteriores. Sobre el particular el artículo 14 del Código Civil dispone que “Las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio”.

 e) Los actos de convalidación.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. CONSEJERO PONENTE: FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE. BOGOTÁ D.C, SEPTIEMBRE SIETE (7) DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 1294.

By: anfequisa, imagen via: endisidencia.com

[1] Sentencias C- 957 de 1999 de la Corte Constitucional y  del 12 de diciembre de 1984 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 9267.

[2] Sala Contencioso Administrativa, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre de 1984. Ver Corte Constitucional, sentencia T-098/99.

[3] Esta posición se encuentra contenida además en providencias del 11 de junio de 1993, expediente 4642, Sección Cuarta; del 25 de julio de 1997, expediente 8323, Sección Cuarta; del 19 de abril de 1990, expediente E 346, Sección Quinta;  del 20 de marzo de 1992, expediente 1424, Sección Primera, entre otras.

[4] Corte Constitucional, sentencia C-957 de 1999.

[5] Artículo 58 de la Constitución Política.

[6] “La seguridad jurídica se caracteriza por el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos y circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado integrado por el sum num de sus derechos subjetivos” ( BURGOA, Ignacio. Garantías individuales.  En : “Derecho Administrativo”.  SERRA ROJAS,  Andrés. México : Porrúa S. A. , 1985. pág. 295).  “…la seguridad jurídica…es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”. ( Tribunal Constitucional Español, sentencia de julio 20 de 1981. En :  “Estudios sobre el acto administrativo”. BOQUERA OLIVER, José María. Madrid : Civitas S. A. , 1988. pág.  304 ).

[7] “Suelen entenderse como actos constitutivos, generalmente, aquellos actos ‘mediante los cuales, y en virtud del poder legal de las autoridades competentes, se establecen nuevas relaciones jurídicas, se modifican o se extinguen’. Mientras que por actos declarativos se entienden aquéllos ‘mediante los cuales se regulan relaciones concretas de la vida subsumiéndolas, en forma obligatoria, a la manera judicial bajo una norma jurídica determinada, fijándose así autoritariamente las relaciones jurídicas’ (Herrnrit) (…) Esta distinción entre actos constitutivos y declarativos se justifica en la medida en que ciertos actos, por su contenido literal, crean ya un derecho nuevo e introducen en la realidad una situación jurídica que significa algo completamente nuevo en el mundo de las manifestaciones jurídicas, aunque, claro está, que debe estar ya contenido in nuce en el mundo jurídico, mientras que los demás actos se limitan a constatar o fijar una situación jurídica ya existente, sin cambiar, por lo menos aparentemente, la misma” . MERKL, Adolfo. Teoría General del Derecho Administrativo. México: Editora Nacional, 1980. págs. 246-247

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