Lo que debes saber:

Juez de la república es sancionado con suspensión de 12 meses por desconocimiento del precedente judicial

El Consejo Superior de la Judicatura – CSJ, en sentencia del 18 de octubre de 2012, recordó aspectos muy importantes relativos a la responsabilidad de los jueces a la hora de tomar decisiones ligadas al precedente judicial emanado de las altas Cortes en la materia, lineamiento que se hace importante estudiar como quiera que es de irrestricta aplicación a todas las orbitas que irradian el poder jurisdiccional y administrativo del estado.

En ese libelo, el CSJ, en última instancia Confirmó la sentencia apelada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, a través de la cual impuso sanción de suspensión por el lapso de doce (12) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, a la Juez Segunda Civil Municipal de Santander de Quilichao – Cauca, por transgredir el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996[1], en concordancia con los artículos 86[2] de la Constitución Política y 6.1[3] y 8[4] del Decreto 2591 de 1991.

Lo anterior con fundamento en la decisión de la disciplinada de emitir fallo de tutela, accediendo a las pretensiones del actor, en la cual no observó el marco jurisprudencial relativo a la improcedencia de la acción en razón de la existencia de otros mecanismos de defensa, no estar probado el perjuicio irremediable, y por no haber sido presentada en forma oportuna, es decir desconociéndose  el principio de inmediatez, lineamientos estos decantados en decisiones de las altas Cortes, precedente judicial.

Para fallar, la Sala Disciplinaria del C.S.J., recordó que los funcionarios judiciales cuando administran justicia están amparados por los principios de independencia y autonomía funcional consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional. Tales axiomas de carácter superior garantizan a los Jueces de la República actuar sin consideración a indebidas injerencias provenientes de otros órganos del poder público e incluso de la propia Rama Judicial, en forma que sólo quedan sometidos al imperio de la Constitución y la ley, con lo cual se busca que sus decisiones sean producto de la aplicación libre e imparcial del ordenamiento jurídico y del análisis reflexivo de las pruebas con las cuales se soportan las mismas, tal como se precisó en la sentencia C-417 de 1993, en la que se dijo:

(…) Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno (…) (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

No obstante lo anterior advirtió la Sala en esta ocasión que, es factible la investigación disciplinaria de las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico, incurriendo con ello en lo que doctrinariamente se ha denominado vía de hecho, comportamiento que resulta contrario al deber de acatamiento a la Constitución, leyes y reglamentos que se impone a todos los operadores de justicia – artículo 153.1 Ley 270 de 1996-, pues si bien todas las actuaciones judiciales se hallan amparadas bajo el principio de autonomía funcional, los funcionarios responden disciplinariamente por aquellas actuaciones groseras y abiertamente contrarias al marco normativo que están llamados a cumplir.

Finalmente reiteró el C.S.J., que lo que se investiga y cuestiona es la conducta desarrollada por la funcionaria inculpada, y en virtud de la función disciplinaria otorgada por la Constitución y la ley a la Jurisdicción Disciplinaria de los funcionarios de la rama judicial, permite que se puedan hacer análisis a sus providencias, sin que ello implique que en caso de establecerse que fueron dictadas contrariando la ley o la jurisprudencia, como en este caso, pueda dejarlas sin efecto, pues de hacerse así, sí se estaría usurpando funciones del juez natural.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA. BOGOTÁ D.C.  DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE (2012). MAGISTRADO PONENTE: DR. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO. RADICACIÓN NO. 19001 11 02 000 2010 00085 01.

By: anfequisa, imagen vía: Ámbito Jurídico

[1]ARTICULO 153DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

  1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

[2] Fundamento constitucional de la acción de tutela

[3] Causales de improcedencia de la acción de tutela, otros medios judiciales

[4] Acción de tutela como mecanismo transitorio

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