Lo que debes saber:

Jurisprudencia constitucional aclara el régimen jurídico de la práctica de judicatura en las Personerías Municipales y la Procuraduría.

La Corte Constitucional al asumir el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por un estudiante de derecho, ciudadano que accionó a la  Unidad de Registro Nacional de Abogados, por considerar que esta presuntamente había vulnerado sus derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo de la personalidad por no reconocerle su práctica jurídica en la Personería Municipal de Bello, Antioquia.

En este caso la máxima Corporación luego de realizar una breve exposición acerca de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, expresó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de la judicatura cumple una doble función. Por un lado, propicia los espacios para que los egresados de derecho desarrollen habilidades que solo pueden adquirirse en la práctica profesional y, por el otro, contribuye a la satisfacción del interés general, en la medida que, (i) beneficia a los ciudadanos usuarios de sus servicios y, (ii) sirve de apoyo al adecuado cumplimiento de los fines estatales previstos en el artículo 2º de la Carta.

En ese orden de ideas, la estudiada providencia hace referencia a los tipos de providencias, refiriéndose así, a las remuneradas y las no remuneradas o ad honorém, de tal suerte, respecto de cada una se expresó en los siguientes términos:

Judicatura remunerada

Se deberá realizar de manera continua o discontinua y por el término de un año, en diversas instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como monitor de los consultorios jurídicos a cargo de las facultades de derecho (artículo 5 del Acuerdo No. PSAA10-7543 del 14 de diciembre de 201027, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). Dentro de esta categoría, igualmente se inscribe el ejercicio de profesión con buen crédito y reputación moral, la cual deberá evidenciarse por el término de dos años, según lo dispone el artículo 31 del Decreto 196/71.

Judicatura no remunerada o Ad honórem

Esta tipología de judicatura se deberá realizar por el término de nueve meses, en los siguientes cargos: (i) auxiliar judicial en organismos de la Rama Judicial, las Fiscalías Delegadas y la justicia penal militar (Decreto 1862 de 1989); (ii) auxiliar del Defensor de Familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (artículos 55 a 57 de la Ley 23 de 1991); (iii) defensor público de la Defensoría del Pueblo (artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992); (iv) auxiliar jurídico Ad honórem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República (Ley 878 de 2004); y (v) el ejercicio de la judicatura Ad Honórem en las ligas y asociaciones de consumidores y usuarios, al igual que como abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país (Ley 1086/06).

Con todo lo anterior, resalta la Corte que dada la aplicación de la Ley 878 de 2004 según lo expresa su artículo primero, la judicatura en las Personerías Municipales es un servicio que se presta de forma voluntaria por la cual no recibirá remuneración alguna, ni tendrá vinculación laboral con el Estado. No obstante, determina que el judicante desarrollará sus funciones en calidad de servidor público y estará sujeto al mismo régimen contemplado para los demás funcionarios de la entidad. Además, el artículo 3º de la norma precitada, establece que para cumplir con la práctica jurídica, la prestación del servicio será de dedicación exclusiva, esto es, dicha norma indica que aquella práctica se ejercerá con una dedicación de tiempo completo y tendrá una duración de nueve (9) meses  

De contera, el tribunal de cierre expresó que con base en lo resuelto en las sentencias C-1171 de 2004 y T-932 de 2012, se concluye que el egresado de la carrera de derecho que realice la práctica jurídica no remunerada o judicatura Ad Honórem, en una personería municipal al igual que ocurre en el caso de quien la haga en la Procuraduría General de la Nación, adquiere la calidad de servidor público por el tiempo que preste sus servicios a dicha entidad.

A Grandes rasgos, en el caso puntual la Corte luego de expresar que la norma aplicable por analogía en estos casos, es la Ley 878 de 2004, la cual establece en su artículo 3 que “La prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honórem […] es de dedicación exclusiva, se ejercerá tiempo completo, tendrá una duración de nueve meses y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de abogado” (subraya fuera del original); refiere dos requisitos para reconocer la práctica jurídica no remunerada que se realiza en las personerías municipales siendo estos:

Primer requisito.

El primer requisito dispone que la judicatura Ad Honórem debe realizarse de dedicación exclusiva, lo cual presupone una prohibición de ejercer otros cargos o funciones para quien preste sus servicios en calidad de servidor público a la Procuraduría General de la Nación o las personerías municipales. Sobre este punto en particular, en los debates adelantados ante el Congreso en el trámite legislativo de la Ley 878 de 2004, el Procurador General de la Nación indicó que este requisito fue incluido en el proyecto de ley: “porque en una sentencia la Corte Constitucional, dijo que eran en la mismas condiciones en que prestaba el servicio un funcionario público vinculado a la entidad.

Segundo requisito.

El segundo requisito exige que la judicatura debe ejercerse de tiempo completo, lo que implica que el judicante deberá desarrollar sus funciones en una jornada laboral de ocho (8) horas diarias, durante un período de nueve (9) meses, es decir, el egresado debe acreditar un total de 1440 horas de servicio prestado a la entidad, se resalta

Con todo lo anterior, la Corte Constitucional dilucida un tema de gran interés para quienes en el incansable ejercicio de lograr el grado y obtener el título de abogados deben cumplir con el requisito de la judicatura.

CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T-307 DE 2016, MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO LINARES CANTILLO.

By: anfequisa, metroecuador.com.ec

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