Lo que debes saber:

Mediante Decreto son modificadas algunas disposiciones relativas a la conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo

El gobierno nacional mediante el Decreto 1167 del 19 de julio de 2016, modificó y suprimió recientemente algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, de tal manera, la norma en cita realizó modificaciones importantes como las que se pasan a referenciar a continuación.

Asuntos susceptibles y no susceptibles de ser conciliados en materia contenciosa administrativa.

De forma general la norma establece que se podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 Y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

No son susceptibles de conciliación en materia contenciosa administrativa.

  1. Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
  2. Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, salvo las excepciones específicas establecidas en la ley.
  3. Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Como aspecto importante la norma establece que el conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles. En ese sentido, preceptúa también el Decreto que Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere el de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

Entre otros aspectos, fija parámetros para la conformación del Comité de Conciliación y lineamientos relativos al ejercicio de la acción de repetición como se pasa a estilar.

Frente a la acción de repetición.

En lo que respecta al ejercicio de esta acción la norma estableció:

  1. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.
  1. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.
  1. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones antes descritas.

Frente a las comisarías de familia

Será obligación de las comisarías de familia remitir a la dirección regional o seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según sea caso, la información necesaria para la actualización permanente del sistema de información de restablecimiento de derechos previsto en el artículo 77 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Esta metodología se utilizará hasta tanto el Ministerio de Justicia – MINJUSTICIA no implemente el sistema en mención, momento desde el cual dichas autoridades podrán hacer los reportes directamente en el aplicativo

De esta manera, el gobierno nacional se pone a tono con uno de los grandes aspectos del ejercicio del derecho de acción en sede contenciosa, la conciliación, referente según el cual podría en el litigio ejercerse estrategias o referentes jurídicos, para alegar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma de cara a defender los intereses sobre los cuales se tiene responsabilidad, ya sean un ente estatal  o un particular.

MINISTERIO DE JUSTICIA. DECRETO 1167 DEL 19 DE JULIO DE 2016

By:anfequisa, imagen via:conciliacion.gov.co

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