Lo que debes saber:

Naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios y su caracter excepcional

La definición legal del contrato de prestación de servicios desde 1976 ha sido: “desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las  funciones que se hallen a cargo de la entidad contratante” (Presidente de la República de Colombia, 1999) Sin  embargo la Ley 80 de 1993 agregó la expresión: “desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad” (Atehortúa, Hernández, & Ospina, 2010)

Teniendo en cuenta las clases de contratos de prestación de servicios: (Simplemente de servicios, servicios profesionales, servicios artísticos, de apoyo a la gestión, servicios especializados, suministro de servicios y sector Defensa), que existen en Colombia y las diversas interpretaciones que se han dado al respecto, es necesario acudir a la jurisprudencia emitida por las Cortes para obtener mayor claridad sobre su naturaleza, así, la (Corte Constitucional, 2003) se refirió a tal modalidad contractual en los siguientes términos:

El contrato de prestación de servicios es una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la administración o funcionamiento de una entidad pública pero tratándose de personas naturales, sólo puede suscribirse en el evento que tales actividades no puedan ser cumplidas por los funcionarios públicos que laboran en esa entidad o en caso que para su cumplimiento se requieran conocimientos especializados con los que no cuentan tales servidores. Se trata de un acto reglado, cuya suscripción debe responder a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la entidad pública respectiva pues si esto es posible o si en tal personal concurre la formación especializada que se requiere para atender tal necesidad, no hay lugar a su suscripción. Es claro, entonces, que el contrato de prestación de servicios es un contrato estatal que tiene como objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía e independencia del contratista, que tiene una vigencia temporal y que no genera prestaciones sociales por tratarse de un contrato estatal y no de una relación laboral. (Negrillas fuera del texto original)

Por su parte, él (Consejo de Estado, 2003) se pronunció frente a la posibilidad de contratar personas para apoyar las actividades logísticas y calificadas de una entidad, cuando la misma no tiene el suficiente recurso humano para llevarlas a cabo:

En el aparte transcrito la norma señala el propósito de dicho vínculo contractual, cual es el de que  se ejecuten actos que tengan conexión con la actividad que cumple la entidad administrativa;  además que dicha relación jurídica se establezca con personas naturales, bien sea cuando lo  contratado no pueda realizarse con personal de planta, lo que a juicio de la Sala acontece, por ejemplo, cuando el número de empleados no sea suficiente para ello; bien sea cuando la actividad por desarrollarse requiera de conocimientos especializados.

Vistos los citados pronunciamientos de las Cortes, se puede observar que los contratos de prestación de servicios se deben celebrar entre entidades estatales y personas naturales, siempre y cuando la entidad no cuente con personal para desarrollar tales actividades. En ese sentido claro también es que el contratista debe contar con un amplio margen de autonomía e independencia visto ello desde el punto de vista técnico. De lo anterior y como se ahondará más adelante da pie para desestimar que un contratista se le someta a situaciones como cumplir un horario o recibir llamados de atención por parte de un funcionario de mayor rango, salvo que en se trate de labores coordinadas o se fijen responsabilidades a cargo del contratista y prevengan del supervisor o interventor del contrato según sea el caso.

A las depuestas características debe sumársele el carácter excepcional y la temporalidad de los contratos de prestación de servicios.  En tal sentido vale la pena traer a colación el artículo 32. 3 de la Ley 80 de 1993, que dispone que estos contratos sólo se deben celebrar “por el tiempo estrictamente necesario”, por tal razón en los casos en los que se produce renovación continua de contratos para desarrollar la misma actividad, en una labor constante para la entidad podría configurarse un desconocimiento al sentido ínsito de la disposición legal citada y de contera dar pie a la existencia de un contrato realidad.

En tal sentido la doctrina (Benavides, 2010) ha estimado que para evitar tales situaciones, el artículo 17 de la ley 790 de 2002 ordena a las entidades a disponer de los cargos necesarios para poder desarrollar las actividades propias de su funcionamiento y no tener la necesidad de acudir a contratistas, salvo en los casos mencionados con anterioridad para actividades transitorias o excepcionales. En consecuencia, las entidades están obligadas a crear los cargos correspondientes para estas actividades permanentes, y en ningún caso contratar estos servicios profesionales mediante contratos de prestación de servicios (Osorio & Zota Correa, 2016).

Carácter excepcional del contrato de prestación de servicios.

Tal y como se expresara apartados atrás, la ley restringe la posibilidad del contrato con personas naturales exigiendo que las actividades confiadas al contratista no puedan realizarse con personal de planta. De este modo puede entonces decirse que no es posible remplazar los servidores públicos por contratistas.

El artículo 17 de la Ley 790 de 2002 ordena a las entidades nacionales tener “los cargos necesarios para su funcionamiento”, dicho en otras palabras, esta disposición normativa trae implícita la prohibición de que un contratista reemplace a un servidor público en un cargo determinado; postulado este que se evidencia aún más cuando la misma norma establece la precitada prohibición en los siguientes términos: “celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos”.

En similar sentido, se tiene la previsión del Decreto 2400 de 1968, establecida en su artículo 2, según el cual: “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones” distinción anterior que muestra con gran amplitud el margen sobre el cual se hace posible la celebración de un contrato de prestación de servicios, ingredientes normativos que de manera expresa son sancionadas por el Código Único Disciplinario que eleva a falta gravísima la celebración de contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales[1]

[1] Al Respecto ver Ley 734 de 2002, art. 48.29.

By: anfequisa, imagen via:Dreamstime



Atehortúa, C. A., Hernández, A., & Ospina, J. (2010). Temas en Contratos Estatales. Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike.

Benavides, J. L. (diciembre de 2010). Contrato de prestación de servicios. Difícil delimitación frente al contrato realidad. Revista Derecho del Estado n.º 25, 99-103.

Consejo de Estado, 17001-23-31-000-1999-0039-01(IJ). (Consejo de Estado 18 de noviembre de 2003).

Corte Constitucional, Sentencia No. C-023/94 (Corte Constitucional 27 de enero de 1994).

Corte Constitucional, Sentencia C-665/98 (Corte Constitucional 12 de noviembre de 1998).

Corte Constitucional, C-094/03 (Corte Constitucional 11 de febrero de 2003).

Corte Constitucional, Sentencia T-018/16 (Corte Constitucional 29 de enero de 2016).

Figueroa, G. G. (2002). Teoría General del Derecho Laboral (Quinta edición ed.). Editorial Leyer.

J.A., Cubides. (2010). El contrato realidad a la luz de la jurisprudencia relevante en Colombia y Venezuela. Revista derecho del trabajo.

Ochoa, D., Silvia, A., & Sarmiento, J. (2015). Actividades y uso del tiempo de las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan en Colombia. Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 15(29), 149-162.

Osorio, A. M. (2012). Aplicación de la primacía de la realidad sobre la formalidad en los contratos de trabajo. Pensamiento American, 11-13.

Osorio, H. C., & Zota Correa, E. (27 de 10 de 2016). Contrato realidad: factor de vulneración de acceso a los elementos del derecho fundamental al trabajo. (R. I. Arboleda, Ed.) 13,14.

Presidente de la República de Colombia. (21 de Enero de 1999). Decreto 150 de 1999. Por medio del cual se reglamenta la Ley 388 de 1997. Colombia.

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