Lo que debes saber:

No es procedente la terminación unilateral del contrato laboral de persona con discapacidad, sin autorización previa del Inspector del Trabajo.

Sentencia T-850/11

(Noviembre 9)

Accionante: Carmenza Charcas Vargas.

Accionados: Caja de Compensación Familiar Cafam y otros.

Derechos fundamentales invocados: Igualdad, trabajo en condiciones dignas, seguridad social en conexidad con la vida en condiciones dignas, remuneración mínima vital y móvil y protección especial a la mujer.

Conducta que causa la vulneración: Terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo a término indefinido, desconociendo los padecimientos de salud calificados de origen común que ha tenido durante la vigencia de la relación laboral, sin mediar la respectiva autorización del Ministerio de la Protección Social.

Pretensiones: (i) Reintegro laboral por la ineficacia del despido a un cargo igual o mejor al que desempeñaba al momento de la terminación del contrato de trabajo; (ii) Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, de manera que le permita continuar con la atención médica y los tratamientos que requiere para sus enfermedades; (iii) Reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro laboral.

Fallo de tutela objeto revisión: Sentencia de segunda instancia del Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá del 13 de mayo de 2011 que revocó la de primera instancia del Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá del 16 de marzo de 2011.

Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

SÍNTESIS.

La Corte constitucional empieza el examen de este caso examinando dentro de la Ratio Decidendi (razón de la decisión), los aspectos relacionados con la procedencia de la tutela en virtud del artículo 86, donde esta acción constitucional ha sido prevista como un mecanismo subsidiario y residual, para reclamar algunas prestaciones o acreencias laborales que se derivan de la existencia de una relación laboral como:

  1. Pago de salarios
  2. Reconocimiento de prestaciones sociales
  3. Incapacidades
  4. Pensiones
  5. Reintegro de trabajadores o pago de indemnizaciones, entre otras.

En consonancia con lo anterior se debe recabar en el carácter subsidiario de la acción de tutela, pues como bien se sabe para estos fines procesales y sustantivos existe la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa según el caso.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que, la acción de tutela resulta procedente, cuando se encuentra que:

  1.  los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados[1]
  2. de no concederse la tutela como mecanismo de protección se produciría un perjuicio irremediable
  3. el accionante es un sujeto de especial protección constitucional[2] en tanto que se trata de personas de la tercera edad, discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas o trabajadores disminuidos físicamente, como en el presente caso.[3]

Tenidas en cuanta las anteriores circunstancias de orden jurídico la Corte procede a afirmar:

Cuando los mecanismos ordinarios no resultan ser los más eficaces e inmediatos para la protección de los derechos fundamentales de las personas, la acción de tutela, a pesar de ser un instrumento subsidiario, se constituye como el principal medio de garantía de derechos”.

Bajo ese entendido esta corporación censora de la constitución nacional procede a examinar conceptos como:

  • La estabilidad  laboral reforzada en donde arguye para el caso de un trabajador que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, es necesario establecer el nexo de causalidad entre los siguientes aspectos:

(i) Que el peticionario pueda considerarse una persona en circunstancias de discapacidad, en estado de debilidad manifiesta o sujeto de especial protección;

(ii) Que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y

(iii) Que la terminación del contrato o la desvinculación laboral se lleve a cabo sin permiso de la autoridad laboral competente.[4]

  • Mecanismos de integración social de las personas con limitación (artículo 26 de la Ley 361 de 1997)
  • La reubicación al vencimiento de la incapacidad del trabajador[5] artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 en concordancia con los artículos 4° y 8° de la Ley 776 de 2002

Se destaca de esta sentencia lo referente no solo al caso objeto de estudio, si no también, la referencia jurídica y fáctica que hace la Corte para hacer extensiva a las mujeres embarazadas y en estado de lactancia las medidas de protección anteriormente enunciadas[6].

Esta sentencia bajo el examen de lo dispuesto en el nicho citacional en el caso concreto, y la no obtención de la autorización previa del Inspector del Trabajo, hace que la Corte ordene[1] revocar la sentencia de segunda instancia y ampare los derechos fundamentales invocados por la accionante en la parte petitoria de esta acción de Tutela.

IMPORTANTE: Frente a este aspecto se debe tener en cuenta que en artículo 137 del Decreto-Ley 19 del 2012 (Decreto-Ley Antitrámites), establece que los trabajadores en condición de discapacidad pueden ser despedidos sin permiso de la autoridad, cuando haya justa causa, articulo que la corte ha dejado sin efectos recientemente[2].

By:anfequisa,imagen vía: lourdes-lojeda.blogspot.com

VER SENTENCIA.

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[1] Al respecto se pueden consultar, entre otras,  las sentencias T-1012 de 2003, T-651 de 2004, T-435 de 2006 y T-656 de 2006.

[2] Vero otras sentencias de protección especial de la corte: T-595 de 2007, T-789 de 2003, T-719 de 2003, T-108 de 2007 y T-328 de 2011.

[3]  En la Sentencia T-­634 de 2006, esta Corporación concretó las características del perjuicio irremediable de la siguiente manera: “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento  sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación  jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

[4] En cuanto a las reglas descritas, pueden confrontarse las Sentencias  T-554 de 2008, T-812 de 2008, T-039 de 2010 y T-269 de 2010, entre otras.

[5] Ver sentencia T-468 de 2010 y punto 4.4 de la sentencia en la pagina 14

[6] Pag. 13 punto 4.3 de  la sentencia T-850/11 y también en sentencia T-1083 de 2007.

[7] Pagina 24 de la sentencia en estudio, Punto 4.5.33

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