Lo que debes saber:

Poder vinculante de las sentencias interpretativas de la Corte Constitucional

Al estudiar los alcances de la jurisprudencia constitucional en estudio de la inhabilidad de una alcaldesa que se inscribió para aspirar al Congreso de la Republica, estudio que fuera asumido en publicación titulada: Consejo de Estado unifica jurisprudencia para determinar el término y alcances de incompatibilidad de los alcalde , el Consejo de Estado en las razones de derecho asumió de manera flagrante un tema de interés referido al poder vinculante de la jurisprudencia constitucional que se consagra en las sentencias interpretativas de la Corte Constitucional.

En tal sentido, el Consejo de Estado recordó que es imprescindible precisar que cuando la Corte Constitucional declara la exequibilidad condicionada de un precepto, implica que cualquier interpretación diferente que se haga de él, es contraria a la Carta, es decir, es inexequible.

Con todo, se recordó también en el fallo en estudio que la jurisprudencia constitucional ha señalado que las sentencias interpretativas que dicta la Corte en ejercicio de su función de guardiana y máxima intérprete de la Constitución tienen como fundamento:

  1. i) El principio pro libertate, según el cual, si una norma admite varias interpretaciones debe privilegiarse aquella que garantice de la manera más amplia la libertad o el derecho en cuestión, y
  2. ii) El principio de conservación del derecho, que obliga al juez constitucional a buscar en lo posible, salvar los textos legales sometidos a su control y sólo excluir aquellos que no admitan interpretaciones conforme a la Constitución, esto, como una clara deferencia al principio democrático[1].

De manera concluyente, la competencia de la Corte para hacer dichas interpretaciones fue reconocida expresamente en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, y avalada en sentencia C-037 de 1996, cuando señaló que corresponde a ese órgano fijar los efectos y sentidos de sus sentencias como una forma de garantizar plenamente su facultad de guardar la supremacía e integridad de la Constitución[2].

Así mismo, el carácter vinculante que, en dichos casos generan las decisiones de constitucionalidad derivados, entre otros, de la cosa juzgada constitucional, artículo 243 de la Carta, implica que ninguna autoridad pueda reproducir el texto de la norma expulsada del ordenamiento, mientras se mantengan en el ordenamiento constitucional los fundamentos que originaron la decisión de inexequibilidad.

El término autoridades incluye a los jueces de cualquier jurisdicción y rango, quienes no pueden desconocer las decisiones de constitucionalidad, aupados en la autonomía e independencia judicial que les reconoce el artículo 230 Constitucional, pues estos principios no pueden servir de fundamento para desconocer la fuerza normativa que tiene la Constitución y el carácter vinculante de las decisiones que emite el tribunal constitucional.

En sentencia C-335 de 2008, en relación con las sentencias interpretativas se señaló:

“(…) En caso de tratarse de un fallo de exequibilidad, no le sería dable al juez recurrir a la excepción de inconstitucionalidad, en tanto que si se está ante una declaratoria de constitucionalidad condicionada, igualmente le está vedado a cualquier juez acordarle una interpretación distinta a la norma legal que ha sido sometida al control de la Corte, siendo vinculante en estos casos tanto el decisum como la ratio decidendi (…).” (Resaltado fuera de texto).

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA. CONSEJERO PONENTE: ALBERTO YEPES BARREIRO BOGOTÁ D. C, SIETE (07) DE JUNIO DOS MIL DIECISÉIS (2016) RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2015-00051-00 RADICADO INTERNO: 2015-00051

By: anfquisa, imagen via: La Ley

[1] Corte Constitucional, sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C-445 de 1998, C-101 de 2000. C- 688 de 2002, entre otras

[2] En la sentencia C-037 de 1996 se dijo expresamente: ‘Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.

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