Lo que debes saber:

Procedencia del control judicial de los actos administrativos de ejecución que dan cumplimiento a los fallos judiciales

De conformidad con el artículo 43 del CPACA “son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”, por lo cual, el acto administrativo definitivo produce efectos jurídicos al crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas, mientras que los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa,[1] sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado.

Sin embargo, sobre este punto es importante señalar que la jurisprudencia[2] ha establecido que procede el estudio judicial de los actos de ejecución, en forma excepcional, cuando la decisión de la administración i) va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial[3].

Ahora bien, frente a los actos de ejecución expedidos en cumplimiento de una acción de tutela, es importante recordar que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales, lo cual no impide que el juez natural conozca de las demandas contra de actos administrativos de ejecución expedidos por virtud de dicha acción. Al respecto, el Consejo de Estado,[4] manifestó:

“[…] Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En esas condiciones, la Entidad solamente contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto que ella misma expidió, y al haber rechazado la demanda con el argumento de que el acto administrativo no es demandable, vulneró los derechos de la entidad demandante, cercenándole la oportunidad de controvertir en sede judicial la legalidad del acto que ella misma expidió […]”

De lo anterior se colige que frente a los actos de ejecución expedidos en virtud de un fallo de tutela, se deben examinar en cada caso particular los elementos que sean vinculantes a la producción del acto, es decir: i) si creo, modificó o extinguió una situación no debatida en la acción constitucional ii) determinar si la decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez, iii) si la decisión de tutela fue de carácter transitoria o definitiva y iv) si su asunto ha sido objeto o no de control de legalidad por parte de su juez natural.

Ahora bien, tal como lo argumenta el demandante, la sentencia de tutela emitió una orden genérica respecto de quienes fueron nombrados en propiedad en determinados cargos, al interior de la Fiscalía General de la Nación. Esta orden se concretó en el acto administrativo cuestionado y por lo tanto, en principio no sería susceptible de control judicial.

Pese a lo anterior, se encuentra que se discute que la fiscalía, al dar aplicación a la sentencia de tutela, excedió los límites de esta pues su caso era particular ya que al momento de ser nombrado en propiedad en el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, ostentaba derechos de carrera en un cargo de grado inferior y además se le afectaron otros derechos que no fueron objeto de debate judicial en la sentencia de unificación.

En conclusión, Existe una regla general sobre la improcedibilidad del control judicial a los actos administrativos que dan cumplimiento a los fallos judiciales, la cual tiene varias excepciones, ya citadas.

[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, expediente: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784).

[2] Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia T- 923 DE 7 de diciembre de 2011, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección “A”. Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón. marzo 6 de 2014, expediente: 410012333000201200103-01 (3986-2013), demandante: Universidad Surcolombiana.

[3] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014). expediente: 18001-23-33-000-2013-00054-01(2529-13)

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, fecha del 25 de octubre de 2011, Consejero Ponente Gustavo Gómez Aranguren, radicado 11001-03-15-000-2011-01385-00(AC).

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. EXPEDIENTE 05001 23 33 000 2013 00388 01 DE 2017

By: anfequisa, imagen via: uniderecho.com

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