Lo que debes saber:

¿Que es la temeridad en los procesos disciplinarios?

El Código Disciplinario no prevé un catálogo de deberes exigibles a los quejosos, que por demás no son sujetos procesales por virtud del artículo 89 del código único disciplinario ley 734 de 2002, como tampoco, de conductas temerarias, razón por la cual se hace imperioso remitirse a otros ordenamientos. Acorde con las previsiones del artículo 21 ibídem, la aplicación del principio de integración normativa, serán aplicables los contenidos del Código de Procedimiento Penal, frente a la ausencia de regulación de la materia en otros ordenamientos más próximos al régimen disciplinario.

Así, el artículo 140 del Código de procedimiento penal, ley 906 de 2004, establece como deberes de las partes:

 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

  2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos procesales, evitando los planteamientos y maniobras   dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluas”.

Por otra parte, el artículo 141 del citado estatuto procedimental define la temeridad así:

Temeridad O mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente     ilegales, dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación procesal.

Consecuente con lo anterior, es conveniente advertir que, en estos eventos, las sanciones no son imponibles de plano. Por tal razón, el parágrafo 2 del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 dispone “que advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación o quienes ejercen funciones disciplinarias, en los casos que se advierte la temeridad de la queja, podrá imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada[1].

Por ello, con acierto ha considerado la Corte Constitucional que “la imposición de cualquier sanción pecuniaria debe someterse al respeto del derecho de audiencia bilateral y contradicción. Así las cosas, es imprescindible otorgar al imputado, en el mismo proceso en que supuestamente se incurrió en la actuación temeraria, la oportunidad de ser oído respecto del comportamiento desleal que se le endilga, de ejercer cabalmente su derecho de defensa y de presentar las pruebas que corroboren su punto de vista[2]

By:anfequisa, imagen vía empresuchas.com


[2] ibidem

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