Lo que debes saber:

Se configura prevaricato por omisión cuando funcionario no se declara impedido en proceso que tiene interés

En este caso la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió el caso del Juez Promiscuo Municipal de La Primavera – Vichada, funcionario que tramitó y llevó hasta su culminación, sin declararse impedido, proceso civil de resolución de contrato de promesa de compraventa, pese a que era acreedor del demandante y tenía interés directo en el proceso.

Frente a esto la máxima instancia determinó que la jurisprudencia de esa Sala ha reiterado  que el presupuesto objetivo del prevaricato por omisión se encuentra constituido por tres elementos: (i) un sujeto activo calificado -servidor público-; (ii) que omita, retarde, rehúse o denieguen; y (iii) que alguno de estos verbos rectores recaiga sobre un deber constitucional o legal que haga parte de las funciones del cargo que desempeña (CSJ AP7109, 12 oct 2016, rad. 46148, CSJ SP484-2018, Rad. 51501).

Ahora bien, en cuanto a su aspecto subjetivo, por tratarse de un tipo que sólo admite la modalidad dolosa, para su configuración requiere que el sujeto agente obre con el propósito consciente de apartarse de los deberes propios de su cargo, de tal forma que no basta, a efectos de verificar si la conducta reprochada actualiza el tipo penal, la simple omisión o retardo en el cumplimiento de sus funciones. Es indispensable que medie el conocimiento y la voluntad deliberada de pretermitir o postergar el acto o función a que está obligado.

En ese orden, acerca de la configuración de esta conducta en los casos en los cuales el funcionario judicial omite declararse impedido, recuerda la Corte que, en anteriores ocasiones, la Sala ha señalado lo siguiente (CSJ SP, 21 enero 2003, Rad. 15100):

“En los casos en donde los funcionarios judiciales no se han declarado impedidos oportunamente, la Sala ha dejado sentado que para la configuración del delito además de la omisión es indispensable que ésta haya alterado la imparcialidad del juez llevándolo a no separarse del proceso con el fin de realizar actos contrarios a la ley, en detrimento de la rectitud y probidad de la administración de justicia. En consecuencia, si con la omisión no se lesiona la buena marcha de la administración, ni la rectitud e imparcialidad de las decisiones judiciales debido a que el funcionario actuó con independencia e integridad, la conducta carece de antijuridicidad”

Así las cosas teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, la Sala Penal condenó al Juez  a 45 meses de prisión, multa en cuantía equivalente a 25 s.m.l.m.v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 60 meses.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. MAGISTRADO PONENTE: JAIME HUMBERTO MORENO ACERO. SP5332-2019. RADICADO N° 53445. ACTA 322. BOGOTÁ, D.C., CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

By: anfequisa, imagen via: alertapaisa.com

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