Lo que debes saber:

Un año del CGD: Pronunciamientos de la Corte Constitucional en el 2019

Con autorización expresa de la fuente y autor de la publicación, Jorge Cifuentes, quien escribió el post titulado: Un año del CGD: Pronunciamientos de la Corte Constitucional en el 2019, para el blog: https://justiciadisciplinaria.wordpress.com/,  Derechotk.com se permite compartir esta publicación en el que de manera breve se logran resumir algunas de las decisiones que se han emitido en control de constitucionalidad por la Corte, referentes al Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019.

La ley 1952 de 2019 se constituyó en un nuevo hito para el derecho disciplinario en Colombia pero cuando por fin fue promulgada y nos aprestábamos para su puesta en marcha apareció el “mico” del artículo 140 de la Ley 1955 (Ley del Plan de Desarrollo) que postergó su entrada en vigencia para el año 2021.

Entonces, ¿qué tenemos hasta hoy?

De un lado estamos a la espera que la Corte Constitucional defina la suerte de su entrada en vigencia por cuenta de una demanda de constitucionalidad al artículo 140 del plan de desarrollo cuyo argumento se centra en que se violó el principio de unidad de materia dado que no podía, según el accionante, introducirse una norma de este tipo en una ley del plan[1].

Consideramos que, si la Corte determina que el artículo contenido en el plan de desarrollo es inexequible, también deberá indicar los efectos de su decisión respecto a los plazos indicados en el artículo 265 de la ley 1952 que establecía como sería su transición.

Recordemos que este artículo contenía dos plazos, el primero de ellos establecía que los aspectos sustanciales entrarían en vigencia cuatro meses después de su sanción y los relacionados con los asuntos procesales se daría después de dieciocho meses; el primero de ellos ya se entendería cumplido y el segundo debería darse el próximo 28 de julio de 2020.

Pues bien, si la Corte declara inexequible el artículo 140 del plan de desarrollo (Ley 1955) entonces:

– ¿Se activan los términos entendiendo como si nunca hubiera existido el artículo que retardó su entrada en vigencia contenido en el plan de desarrollo?

– Si su vigencia estaba condicionada al artículo 140 y este fue declarado inexequible sin haber aún operado dicho fenómeno, porque la ley del plan fue promulgada 3 días antes de que entrara la parte sustancial en vigencia, entonces ¿podría contarse de nuevo ese término de 4 meses para lo sustancial y 18 meses para lo procesal desde el momento en que la Corte tome la decisión?

Por el momento sobre este tema solo contamos con un concepto de la Procuraduría General de la Nación (N° C-080-2019) en el cual señala que la norma completa entrará en vigencia, teniendo en cuenta el artículo 140 del Plan de Desarrollo, el 2 de julio del año 2021 respetando el anterior régimen (Ley 734) para los procesos que se encuentren en las etapas de investigación disciplinaria o en cargos y aplicándose de inmediato para aquellos que estén en estudio o indagación preliminar.

Ahora bien, con todo y que tenemos un Código General Disciplinario sin aún estar vigente, la Corte ya ha realizado varios pronunciamientos de constitucionalidad sobre su contenido durante el 2019 y tiene otros pendientes de decisión tras varias demandas de diferentes ciudadanos.

Acá tenemos un resumen que les ayudará a identificar qué cambios ha tenido durante este primer año de su expedición y el acceso a las providencias que ya publicó el alto tribunal, veamos:

Sentencia C-086 de 2019:

Esta providencia se manifestó respecto de la potestad que tiene la Procuraduría General de la Nación para suspender provisionalmente, en el marco de una investigación disciplinaria, a los servidores públicos elegidos por voto popular.

La decisión comprendió el estudio del artículo 157 de la ley 734 y cobijó, por unidad de materia, al artículo 217 de la ley 1952.

Debe indicarse que la demandante indicaba que tal precepto violaba los artículos 29 de la Constitución Política y los artículos 8.1 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Finalmente, el alto tribunal determinó que ambas normas, la de la ley 734 y la 1952, serían declaradas exequibles sin modificación alguna.

El contenido completo de la sentencia puede ser leído aquí.

Sentencia C-111 de 2019:

Tenemos en este caso la demanda contra la expresión “elección” contenida en el artículo 45, numeral 1, de la ley 734 en el cual se definen los diferentes tipos de sanciones y podría decirse que siguiendo la línea argumentativa de la anterior decisión se demandó bajo el supuesto de que la norma vulnera el artículo 93 constitucional y el 23 de la CADH.

La Corte encontró existir unidad de materia en este caso ya que la Ley 1952 en su artículo 49.1 tiene una disposición con iguales características por lo que decidió pronunciarse respecto a ambas.

Debe indicarse que la decisión de la Corte fue no apartarse de su precedente en el sentido de mantener la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto a los servidores públicos elegidos por voto popular.

Puede consultar el contenido completo de la sentencia aquí.

Sentencia C-392 de 2019:

En este caso la demandante consideró que la expresión “hechos de corrupción” contenida en el artículo 62 de la ley 1952, el cual relaciona las faltas gravísimas relacionadas con la moralidad pública, es ambigua y podría dar a muchas interpretaciones con lo que podría dar al traste con principios como el de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.

La Corte, una vez hecho un análisis respecto a la naturaleza del derecho disciplinario y como se configura la tipicidad a partir de “tipos abiertos”, “tipos en blanco” y “conceptos indeterminados” encontró que si es posible asentar dicho concepto en una norma, esto es, la Ley 412 de 1997 que adoptó “La Convención Interamericana contra la corrupción” y en el cual se define específicamente cuales pueden ser actos de corrupción.

Por lo anterior decidió encontrar ajustada a la Carta dicha disposición y declararla exequible. La decisión puede ser consultada aquí.

Sentencia C-495 de 2019:

Esta demanda llama particularmente la atención por cuanto uno consideraría que un lapsus de este tipo hubiera dado al traste con las instituciones que en materia de derecho sancionatorio se han construido a partir de reconocer la dignidad humana y el debido proceso.

La acción se dirigió contra el artículo 14 de la ley 1952 de 2019, específicamente contra la siguiente expresión que se resalta para fines didácticos:

ARTÍCULO 14. Presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad”.

Palabras más, palabras menos, quiénes fueron vinculados a una actuación disciplinaria tendrían que llevar a cuestas la carga probatoria, además, no habría modo alguna de terminar un proceso anticipadamente por archivo ya que, al “presumirse la responsabilidad”, todos debería ir a juicio disciplinario.

Obviamente no podía ser otra la decisión que declarar inexequible el aparte de la norma reseñada que indica: “cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad”

La decisión puede ser consultada aquí.

Sentencia C-536 de 2019:

La acción en este caso se dirigió contra el artículo 55 de la ley 1952 que contempla las faltas relacionadas con el servicio o la función pública, específicamente la contenida en el numeral 2 que guarda relación con la conducta de asistir al sitio de trabajo bajo el efecto de sustancias estupefacientes o en estado de embriaguez.

Dado que esta norma viene de la ley 734 de 2002 (art. 49, num. 48) la cual ya había superado el análisis de constitucionalidad la Corte determinó que se estaría a lo resuelto en la sentencia C-252 de 2003 por cuanto está dentro del margen de configuración legal permitido al Congreso de la República.

A la fecha la Corte no ha publicado la sentencia y solo se cuenta con el comunicado de prensa que puede ser consultado aquí.

Sentencia C-560 de 2019:

Esta nueva demanda muestra la falta de cuidado a la hora de redactar el código puesto que se reprodujo una norma que había sido declarada inexequible desde la ley 200 de 1995 y posteriormente en la ley 734 de 2002; se trata de la calificación de “grave” que le da el tipo contenido en el artículo 52.1 literal b) de la ley 1952 cuando se trata de faltas relacionadas con los DD.HH. y el DIH que fueron, como se dijo, declaradas inexequibles mediante las sentencias C-181 de 2002 por lo tanto declaró la Corte estarse a lo resuelto en ella.

El segundo cargo fue contra el artículo 66 que también reprodujo una norma declarada inexequible, esto es al hacer mención del “tercer inciso del artículo 178A” de la Constitución que fue creado mediante el A.L. 02 de 2015 en su artículo 8 y que creó la Comisión de Aforados la cual, a la postre, no surgió a la vida jurídica por dicha inexequibilidad; pudo haber ocurrido que al momento de la redacción del código general disciplinario se quería armonizar con la nueva normativa pero este intento no pudo llegar a su cometido por la declaratoria de la Corte mediante la sentencia C-373 de 2016 por lo que frente a este caso se declaró inhibida.

Finalmente, la última norma demandada también fue un aparte del artículo 101 del CGD que fijó la competencia, en primera instancia, de los funcionario de alto rango y el error consistió en la mención que se hace al “Auditor de la Contraloría General de la República” cuyo cargo no existe en la estructura del Estado en Colombia y por ello se decidió declarar inexequible el aparte “de la Contraloría”.

El texto completo de la sentencia puede ser consultado aquí.

Sentencia C-570 de 2019:

El más reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno al CGD se dio respecto al artículo 122 y conjuntamente a otra norma de naturaleza disciplinaria, esto es, la Ley 1862 de 2017 (Código Disciplinario Militar).

En cuanto a las normas del régimen disciplinario militar su análisis se centró en determinar los alcances y límites para el acatamiento de las ordenes militares y posteriormente se llega a la notificación, especialmente la relacionada con la notificación personal en el contexto militar.

Debemos indicar que las normas objeto de estudio sancionan como falta gravísima el demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de sus ordenes y en segundo término incumplir o cambiar estas (art. 76 num. 18 y 19 de la Ley 1862 de 2017).

Recordó la Corte que de acuerdo con el Código Disciplinario Militar (Art. 9), una ‘orden militar’ es la manifestación “externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar”; la norma advierte que la orden debe ser (i) ‘legítima’, (ii) ‘lógica’, (iii) ‘oportuna’, (iv) ‘clara’, (v) ‘precisa’, (vi) ‘concisa’ y (vii) ‘relacionada con el servicio o función’.

También se hizo el análisis a la luz del principio de obediencia debida y el derecho a la libertad de conciencia,

De lo anterior concluyó la Corte:

“… la Sala Plena de la Corte Constitucional resolverá declarar exequible las normas acusadas, pero en el entendido de que no son aplicables para evitar incurrir en la violación a derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario -DIH- o al derecho internacional de los derechos humanos…”

Respecto a la notificación de los procesos disciplinarios en el contexto militar la norma señala que cuando el disciplinado se encuentre en área de operaciones podría ser notificado por cualquier miedo de comunicación dejando constancia al respecto (art. 153, inc. 3 de la Ley 1862 de 2017).

Para la Corte el legislador no puede flexibilizar tanto la posibilidad de que, normas procedimentales que resultan fundamentales para la protección de derechos como el debido proceso, queden al arbitrio del operador disciplinario y por ello decidió declarar la inexequibilidad de dicho inciso.

Respecto a la notificación por medios electrónicos la Corte decidió declarar la norma del artículo 122 del CGD y del artículo 159 del CDM exequibles bajo el entendido que no se pueden afectar las garantías del disciplinado simplemente adjuntando la constancia del envío por lo que, se hace necesario, que el operador disciplinario haga constar la constancia de recepción pues es desde dicho momento en que a efectos de los diferentes recursos y del debido proceso se comienzan a contar los términos y no con la simple fecha del envío.

La decisión completa puede ser vista aquí.

Estas fueron las sentencias de constitucionalidad que sobre el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, ha expedido la Corte durante su primer año sin que esté vigente y a la espera de una decisión sobre cuándo empezará a aplicarse, pero lo mejor, es estar preparado.

[1] Al respecto valga ver la publicación realizada por derechotk.com en la dirección: http://www.derechotk.com/corte-confirma-prorroga-de-entrada-en-vigencia-del-codigo-general-disciplinario/

Fuente: Jorge Cifuentes, para  justiciadisciplinaria.wordpress.com, imagen via: encolombia.com

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