Lo que debes saber:

El principio de inmediatez en la acción de tutela y los casos en los que no opera.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse en cualquier momento sin atender la época en la que ocurrió la acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales de que se trate[1]. Por tanto se ha exigido que la acción se promueva oportunamente, esto es, en un término razonable, después de la ocurrencia de los hechos que motivaron el agravio de los derechos[2], porque de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de la acción de tutela, cual es, proporcionar protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando quiera que se amenacen o vulneren, “de manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela…” [3].

La misma norma constitucional señala que el objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de las garantías fundamentales que se considera son amenazadas o vulneradas, lo que implica que su propósito es proporcionar una protección urgente, rápida y oportuna.

De esta manera, se ha indicado que la presentación oportuna de esta acción es un requisito de procedibilidad de este mecanismo de protección del derecho fundamental.

En la sentencia T-900 de 2004[4] se expresó sobre este requisito:

“… la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela,[5] de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.

“Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley. Así, pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos derechos.”

Factores para determinar la razonabilidad en la presentación de la acción de tutela

De esta forma, con el fin de determinar la razonabilidad del lapso entre el momento en que se vulneran los derechos fundamentales y la interposición de la tutela, la Corte Constitucional ha establecido tres factores a considerar:

(i)     si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii)   si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y

(iii)  si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado.[6]

Casos en los que no es exigible el principio de inmediatez

Igualmente ha sostenido, que en los únicos dos casos en que no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición de la tutela, es

(i)   cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y

(ii)   cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.[7]

Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que, según las circunstancias de cada caso, le corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad del tiempo que ha trascurrido entre la situación de la cual se afirma produce la afectación de los derechos y la presentación de la acción, a fin de determinar si encuentra satisfecho el requisito de la inmediatez[8].

En esa medida, con la exigencia de cumplimiento del requisito que se analiza, “… se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica…”[9].

Por último, la jurisprudencia constitucional ha advertido que para la procedencia de la acción de tutela en relación con el requisito de inmediatez, entre otros elementos, el juez constitucional debe evaluar “… si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes… [10], es decir, si es predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejercitó la acción de manera oportuna…”[11].

Así, para declarar la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, no es suficiente comprobar que ha transcurrido un periodo considerable desde la ocurrencia de los hechos que motivaron su presentación, sino que, además, es importante valorar si la demora en el ejercicio de la acción tuvo su origen en una justa causa que explique la inactividad del accionante de tal manera que, de existir, el amparo constitucional es procedente.

CORTE CONSTITUCIONAL SENTENICIA  T-584 de  2011

VER SENTENCIA.

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[attention] Inmediatez en la jurisprudencia constitucional  [/attention]

[attention]Principio de inmediatez en la jurisprudencia del Consejo de Estado [/attention]

ARTIUCULO DE INTERÉS.

Principio de inmediatez, la más grave contradicción de la Corte Constitucional, articulo via: ambito juridico, Juan Manuel Charry Urueña Abogado constitucionalista

PRECEDENTE JUDICIAL.

  • Principio de inmediatez por el Consejo de Estado 13001-23-31-000-2010-00776-01(AC) diez (10) de febrero de dos mil once (2011) Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ.
  • Corte Constitucional Sentencia Sentencia T-037 de 2013veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013) Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
  • Corte Constitucional Sentencia T-172 de 2013, primero (1º) de abril dos mil trece (2013) Magistrado Ponente:JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

 By:anfequisa. imagen via: Fblog.pucp.edu.pe


[1] Ver Sentencia T-1040 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-791 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[2] Consultar, entre otras, las Sentencias T-495 de 2005, T-575 de 2002, T-900 de 2004, T-403 de 2005 y T-425 de 2009.

[3] Ver Sentencia T-883 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[4] MP. Jaime Córdova Triviño.

[5] Sentencia T-575 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil

[6] Sentencia SU-961 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.

[7] Ver, entre otras, sentencias T-158 de 2006 y T-792 de 2007.

[8] Ver Sentencia T-1013 DE 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis

[9] Sentencia T-132 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

[10] Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[11] En el mismo sentido ver Sentencia T-575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil

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