Lo que debes saber:

En la relación entre los trabajadores oficiales y empleadores puede no utilizarse actos administrativos

El Decreto 1083 del 2015 (compilatorio de la Ley 6 de 1945, Decreto Reglamentario 2127 de 1945, entre otros), contempla como mecanismos de vinculación laboral con el Estado, la relación legal y reglamentaria, para empleados públicos y la contractual, para los trabajadores oficiales.

Los empleados públicos tienen con la administración una relación legal y reglamentaria que se materializa en un acto administrativo de nombramiento y su posterior posesión.

La modalidad contractual otorga a quien por ella se vincula a la Administración, el carácter de trabajador oficial, lo cual se materializa en un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que se va a prestar.

En este orden de ideas los servidores del Estado, dependiendo de la naturaleza de la vinculación pueden discutir sus pretensiones en jurisdicciones distintas. Los trabajadores oficiales lo harán bajo la jurisdicción ordinaria laboral, mientras que los empleados públicos ante lo contencioso administrativo.

Tratándose de los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescribe:

 “Art. 105.- Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)

 4.Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”. (Negrita fuera del texto original)

Por su parte, la Jurisdicción Ordinaria Laboral, conoce de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, a la luz de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la cual modificó la competencia atribuida a la jurisdicción laboral que establece:

“ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

 1.Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)”

Ahora bien, tratándose de servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994, establece el régimen de aplicación, y el Titulo III señala el Régimen Laboral, expresando en su artículo 41, lo siguiente:

“Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. (…)”

En fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 6 de diciembre de 2011, este tribunal de cierre precisó que las relaciones de un trabajador oficial en la etapa final de su vinculación con la administración, están regidas   por un contrato celebrado entre quien presta el servicio y quien ejerce el poder subordinante que actúa en principio conforme a las reglas de derecho privado y funge como patrono.  De forma  que actuaciones  como cancelación  de contrato de trabajo  y reconocimiento de un derecho prestacional,   en rigor no están regladas  por las formalidades  establecidas por el derecho administrativo para los empleados públicos, y por ende no son  de aplicación  los preceptos del código  contencioso administrativo, porque en estricto sentido  no se está en presencia  de verdaderos actos administrativos, así se les dé formalmente  esa apariencia, sino para fines laborales  de actos de un empleador  en desarrollo de un contrato de trabajo de forma análoga a como lo haría un empresario particular, dado que si bien en algunos casos son distintos los derechos legales  prestacionales de unos y otros  servidores, el núcleo esencial de la relación  es similar, como lo es también su nacimiento  desenvolvimiento  y fenecimiento, sin que exista razón de peso para otorgar a iguales  situaciones  objetivas  un tratamiento publicista.

En ese sentido insiste la mencionada instancias en expresar que “(…) Una  interpretación  contraria, conduciría a partir de la presunción  de legalidad  del acto, lo que sería aún más gravoso  desde el punto de vista probatorio  para el trabajador oficial  además que los jueces   de la jurisdicción  ordinaria  no están instituidos  para juzgar la legalidad  de “actos administrativos”, ya que su misión  apunta a determinar  si frente a las normas sustanciales laborales  o de seguridad social  el demandante tiene o no derecho  a lo pedido,  lo que se descarta en el  caso bajo estudio  por las consideraciones emitidas  al resolver el cargo primero (…)”.

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011. MAGISTRADO PONENTE: CAMILO TARQUINO GALLEGO. RADICADO N° 40213. ACTA N° 4. BOGOTÁ, D. C., SEIS (6) DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE (2011).

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By:anfequisa, imagen via: escriba derecho

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