Lo que debes saber:

La defensa técnica en el proceso disciplinario no es obligatoria y alcances del control judicial y administrativo en materia disciplinaria

El Consejo de Estado en sentencia del 1 de diciembre de 2016, luego de aclarar aspectos de gran relevancia jurídica en materia disciplinaria que tiene que ver por ejemplo con: (i) Las decisiones de los servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son asimilables a una decisión judicial, (ii) el debido proceso administrativo y (iii) alcance del control judicial a las decisiones administrativas; precisó que la defensa técnica es un aspecto fundamental del derecho al debido proceso penal, aspecto este que no opera de la misma manera en el derecho disciplinario, ello en razón a que en esta área la participación de un apoderado del disciplinado no es obligatoria, sino facultativa.

De tal manera en esta sentencia se destaca que si bien es cierto que en el proceso penal se exige que el procesado cuente con una defensa técnica que le asesore durante el trámite procesal pues está en juego su derecho a la libertad, en el proceso disciplinario este derecho opera de manera diferente.

En ese sentido y con base en una providencia de la Corte Constitucional, la Sección Segunda indicó que si bien la exigencia constitucional de la defensa técnica ha sido circunscrita al proceso penal y no se extiende siempre a otro tipo de procesos, el legislador puede, en ejercicio de su potestad de configuración, extenderla. Acorde con ello, afirmó que no es obligatorio que en procesos los disciplinarios se cuente con una defensa técnica y agregó que cuando no se le informe al investigado que puede contar con un apoderado ello de por sí no da lugar a la nulidad de una decisión, pues se debe demostrar que esta omisión en tal sentido afectó de manera grave el derecho al debido proceso.

Por otra y no menos importante es destacar que en la sentencia en estudio, el Consejo de Estado sostuvo que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso-administrativa es integral:

“(…) De acuerdo con el contenido de los artículos 237 y siguientes de la Constitución Política, en armonía con el artículo 103 de la Ley 1437, la jurisdicción está estatuida para la preservación del ordenamiento jurídico y la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, por cuanto es expresión del ejercicio del control judicial de los actos de la administración, en el marco del Estado Social de Derecho.

La anunciada concepción, también imperó en vigencia del Código Contencioso Administrativo, a la luz de los principios que irradió la Constitución de 1991.

Este control jurisdiccional persigue asegurar la vigencia del principio de legalidad de la actividad administrativa (hoy también de constitucionalidad), de modo que los actos de aquella se adecúen al ordenamiento jurídico y que se pueda exigir a los diferentes órganos o sujetos de imputación jurídica, la consiguiente responsabilidad patrimonial, no sólo por la expedición de dichos actos, sino en razón de los hechos, las operaciones administrativas y los actos contractuales que realicen. Este concepto se precisa en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley 1437 que regulan el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que están involucradas las autoridades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Destacamos los asuntos relacionados con el conflicto que se genere en la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado (art. 104 numeral 4), en tanto se refiere a relaciones especiales de sujeción de los servidores públicos.

Lo anterior significa que no escapa a esta órbita de control el juicio de legalidad y constitucionalidad de los actos de contenido disciplinario que profiere la administración pública. En efecto, las investigaciones disciplinarias adelantadas por los titulares de la acción disciplinaria, según lo indicado en el artículo segundo de la Ley 734, son de naturaleza administrativa. En consecuencia, las decisiones definitivas allí proferidas pueden ser impugnadas ante esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 (…)”.

En ese orden de ideas,  esta sentencia hace importante aporte en lo que respecta a las decisiones de los servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son asimilables a una decisión judicial, en tal línea argumentativa, recaba en que las decisiones que profieren los titulares de la acción disciplinaria, tanto en el orden interno de las entidades públicas, o en el externo, cuando asume la competencia la Procuraduría General de la Nación, tienen naturaleza administrativa, en el cabal desarrollo de la función pública.

En efecto, los actos proferidos en ejercicio de la función disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, son actos que no gozan de los atributos de independencia e imparcialidad, porque dicha potestad se ejerce a partir de un estructura de delegación piramidal o escalonada, en cuya cabeza se encuentra el Procurador General de la Nación, quien de conformidad con el artículo 7, ordinal 2.º del Decreto 262 de 2000, tiene la competencia para formular políticas generales y criterios de intervención en materia de control disciplinario.

Por el contrario, los actos expedidos en ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, los emitidos por los jueces unipersonales o colegiados, obran bajo las atribuciones de autonomía e imparcialidad que constitucionalmente les fueron atribuidas en los artículos 228 y 230, constitucionales. De manera que la autonomía e independencia son un atributo propio de la función jurisdiccional por lo que los actos proferidos en virtud de ella, no tienen ningún tipo de control exógeno a la misma función judicial.

No es comparable, ni de lejos, el titular de la acción disciplinaria de naturaleza administrativa con el rango y la investidura de un juez de la República. Aceptar tal tesis, es revivir la “deferencia especial” o la “intangibilidad relativa” de las decisiones adoptadas por la administración, asunto analizado en acápite anterior.

Para Francesco Carnelutti, en la función judicial el Estado protege un “interés público externo”, representado en la solución del litigio que se le plantea y en el cual no es parte interesada, circunstancia que lo sitúa en una posición independiente y ajena al conflicto de derechos frente al cual debe pronunciarse con autoridad de cosa juzgada, en tanto que en el desarrollo de la función administrativa, el Estado es parte del conflicto y busca proteger intereses públicos que le son propios.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ BOGOTÁ, D.C., PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). RADICACIÓN: 11001032500020110013200 NO. INTERNO: 0430-2011https://www.scribd.com/document/342741098/sent-11001032500020110013200-04302011-16-abogado-proceso-disciplinario

By: anfequisa, imagen vía: Solarte Asesores

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